En la estela de Colombia, México y Perú, son varios los Gobiernos de América Latina que se están metiendo en un terreno farragoso con la utilización del Ejército en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y contra el crimen organizado en general. Brasil, Bolivia, Guatemala y Honduras están optando por esta vía que no garantiza resultados, y que puede llevar a la corrupción, no ya de la policía, sino de las propias Fuerzas Armadas.
La lección de la experiencia mexicana, un eje central de la presidencia de Felipe Calderón, no solo no es edificante, sino que parece contraproducente a la hora de atajar a los carteles de la droga y reforzar al Estado y sus garantías. Su balance es dramático con casi 50.000 asesinatos desde 2006, en una espiral que parece no tener límites. Calderón empezó enviando 6.500 soldados a Michoacán, y ahora son 45.000 los desplegados en ocho Estados.
Que la lucha contra los narcotraficantes y otro tipo de crimen organizado sea un problema de seguridad nacional, para esos países y para todos, no significa que se deba militarizar su solución, tendencia a la que ha empujado la propia política de Estados Unidos. La comprensible desconfianza en unas policías muy dadas a corromperse lleva a poner la esperanza en los Ejércitos a la hora de enfrentarse a los narcotraficantes. Sin embargo, es necesario separar las funciones para evitar la corrupción, e incluso una creciente politización, siempre peligrosa, de las Fuerzas Armadas en el continente. Quizás se requiera el desarrollo de cuerpos intermedios, como se ha hecho en Argentina con la Gendarmería y la Prefectura.
Nadie minimiza el desafío. EE UU, cuya demanda sigue siendo la principal del mundo, se ha mostrado por vez primera dispuesto a que se hable de la droga en la próxima Cumbre de las Américas en Cartagena (Colombia), y este fin de semana, en un encuentro centroamericano al máximo nivel, se planteará a iniciativa de Guatemala la cuestión de la despenalización del consumo y producción, aunque no parece que vaya a tener recorrido.
Junto a una siempre mayor cooperación internacional, estos países deben dar a la policía y a la judicatura los medios materiales y legales para enfrentarse a estas hidras. Así se reforzará la eficacia y solidez del Estado de derecho, que los narcos siempre intentan socavar, y se evitará una nueva tentación de mala utilización de las Fuerzas Armadas.
(Proyectos como el Plan Mérida y Rápido y Furioso han evidenciado una supeditación de México y su gobierno federal a la voluntad de Estados Unidos. Además de las "bajas colaterales" en el combate al crimen organizado es necesario tener presente a los miles de desplazados por la violencia, las decenas de activistas refugiados en EU o muertos a plena luz del día y sin la protección de los gobiernos estatales ni municipales. Editorial del diario El País en línea.)
