Sin saber leer ni escribir, Raúl Sandoval Aguilar, presidente de la comunidad
indígena Santa Catarina, de Ensenada, Baja California, entregó por 30 años el
usufructo de una superficie superior a las 62 mil hectáreas a la filial mexicana
de la empresa estadounidense Asociados PanAmericanos (APA).
Al plasmar su huella digital en el contrato, que se celebró el 20 de mayo de
2011 ante la Notaria 5 de esa entidad, el artesano de la comunidad Pai-Pai
condenó a unas 90 familias a recibir mensualmente 900 pesos hasta 2041 como
única compensación de esa trasnacional productora de energía.
APA, que paradójicamente se promociona con el slogan Energía para el
crecimiento sustentable con justicia social y medio ambiente limpio, pone en
riesgo una etnia extremadamente pobre, marginada históricamente, en extinción y
una antigüedad superior a los tres mil 500 años.
Asociados PanAmericanos se especializa en producir electricidad eólica y en
las tierras de los Pai-Pai aspira a generar más de 500 megawatts (mw) a partir
del presente año y, más adelante, hasta dos mil megawatts para consumo regional
y exportaciones al oeste de Estados Unidos, donde hay problemas de abasto.
Dicha firma, además, es muy conocida en México. En la ciudad de México posee
la filial Eléctrica del Valle de México y explota en la zona oaxaqueña de La
Ventosa, donde la población se ha manifestado en contra de la explotación de sus
recursos sin el pago justo de ellos.
El acuerdo suscrito en Ensenada, cuya copia poseemos,
muestra ese rostro de la injusticia: más de 62 mil hectáreas disponibles para la
explotación de sus vientos con el pago ridículo de 900 pesos mensuales: menos de
diez pesos para cada comunero.
Esta realidad la conoció de viva voz Jaime Martínez Veloz, comisionado para
el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob) a
finales de junio pasado al visitar la comunidad.
Los reclamos por el despojo llegaron a los oídos de Martínez Veloz porque la
historia tiene un trasfondo que en los últimos 20 años se ha vuelto una
constante en las comunidades indígenas en México: el presidente comunal firmó a
espaldas de los miembros de su comunidad.
La historia no le sorprende al funcionario de la Segob, porque ha comprobado
que fue el modus operandi de los anteriores tres gobiernos de la República, el
del priista Ernesto Zedillo y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
“En 18 años se entregaron entre 96 y 98 millones de hectáreas a las compañías
extranjeras, la mayoría para la explotación minera”, dice en entrevista
realizada el pasado 11 de junio. En ese mismo periodo, añade, las condiciones de
los indígenas, paradójicamente, “están peores”.
Por ello encabeza la gestión de la Segob para buscar la nulidad del contrato
o, en el peor de los casos, conseguir mejores condiciones de arreglo económico
con los Pai-Pai.
Desde 2006, el crecimiento de empresas transnacionales dedicadas al
desarrollo de proyectos de energía eólica en comunidades indígenas de México es
innegable.
Los megaproyectos concesionados a las firmas Gas Fenosa y Renovables Mareña
en el Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, son un par de ejemplos de los litigios
que se han abierto entre las comunidades y las transnacionales.
(nota parcialmente reproducida del sitio "24 horas".)
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