La historia de N.Ç. empieza cuando dos mujeres se le aproximaron y le propusieron acostarse con hombres por dinero. Tras tener relaciones sexuales con 26 personas, entre ellas varios políticos, profesores y militares, decidió denunciarlo a la policía. Ocurrió en 2002 y N.Ç. tenía tan solo 13 años. Su caso ha escandalizado a la sociedad turca, no tanto porque ocurriera, sino porque la Corte Suprema de Apelación ha decidido esta semana reducir la condena de los 26 sospechosos. El motivo: “la niña dio su consentimiento a las relaciones” , de las que obtuvo dinero a cambio y era “consciente de sus actos” según el juez.
La sentencia de la Corte Suprema de Apelación turca, ratifica la decisión del juzgado local de Mardim, localidad kurda donde se cometieron los hechos. En esta región del sudeste turco, terriblemente patriarcal, los abusos a las mujeres tanto en forma de violencia doméstica o de crímenes de honor, son habituales. Según la Asociación de Defensa de los Derechos de la Mujer ROJ, tan solo en 2010 hubo 73 muertes por violencia doméstica y 113 mujeres se suicidaron por presiones familiares. Sin embargo, el caso de N.Ç. ha encendido las alarmas de las mujeres turcas que ven como la justicia ha fallado en protegerlas, una vez más.
Y es que llueve sobre mojado en la Corte Suprema de Apelación Hace pocos meses, un juez de la sala sugería que a los violadores se les podría reducir la condena si aceptaban casarse con su víctima. El chaparrón de críticas fue tal que el magistrado tuvo que retractarse de sus palabras, pero siguió en su puesto, a pesar de las insistentes demandas de las organizaciones feministas por que fuera relevado.
En el caso de N.Ç. nadie va a dar marcha atrás en la corte. En motivo legal, según la judicatura, es que el crimen se cometió en 2002, antes de la reforma del actual código penal -en 2005-, por lo cual debe ser juzgado con base en base la antigua legislación. En ella se estipula que si la menor consiente una relación sexual la pena por violación se reduce de 10 a 1 u 6 años de prisión, dependiendo el caso. Según el juez, la joven, que recibió dinero por sus favores, “era consciente de lo que sucedía”, o lo que es lo mismo , suficientemente madura para decidir sobre su cuerpo.
Zeyneb Gültekin, coordinadora de la plataforma de derechos humanos de la Fundación Heinrich Böll, denuncia que “la justicia lo que está intentando es limpiar los trapos sucios”. “Los jueces turcos admiten que su misión principal es proteger los intereses del Estado” asegura Gültekin. Se trata de una herencia del pasado kemalista que todavía está presente en ciertos sectores de la sociedad como el ejercito o la judicatura. “Casi todos los 26 imputados que violaron a la niña durante un año son funcionarios del estado: militares, profesores, políticos. Este caso particular refleja que sus intereses sobrepasan los de los ciudadanos, incluso cuando son víctimas”, asegura la investigadora.
Para Gültekin, que los crímenes se cometieran en el sudeste del país por funcionarios enviados desde Ankara es una muestra de la cooperación “secreta” entre oficiales turcos “tan común en una zona del país de mayoría kurda”. “La prensa explica que la joven tuvo que someterse a varias operaciones porque no podía sentarse correctamente. Ningún médico denunció el hecho, esto los hace cómplices y muestran que había mucha gente importante implicada”, explica. “Definitivamente el Estado ha fallado en proteger a sus mujeres, y a sus niños”.
El caso está ahora siendo investigado por la Corte Europea de Derechos Humanos. Todavía queda saber si cumple los requisitos para admitirlo a trámite. De hacerlo, engrosará la ya de por sí larga lista de causas turcas en el tribunal.
(nota editorial tomada del blog `mujeres`, autora Blanca López Arangüena, El País.)
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