No son un invento tan reciente las tarjetas de prepago o prepaid cards. Tienen varios años circulando, sobre todo en Estados Unidos, y suelen ser avaladas por Visa o MasterCard o prácticamente cualquier entidad bancaria, HSBC por ejemplo.
Son conceptos distintos el dinero y la moneda metálica o de papel, el capital, el cheque, el traveller check, la tarjeta de crédito y de débito, y ahora la tarjeta prepagada que, por cierto, es al portador. No se necesita tener cuenta en el banco para adquirirla. Compañías como Wal-Mart la usan para pagar las nóminas de sus empleados y algunos gobiernos para prestaciones o como ayudas alimentarias.
Muy orgullosos de su hallazgo se han sentido quienes la concibieron: las festinan como si hubieran inventado la hostia, porque sirve en efecto para muchas transacciones y es muy práctica, pero la verdad es que también han inventado uno de los instrumentos más prácticos y expeditos para lavar dinero procedente de la economía criminal.
Ya en mayo de 2011 un cable de Associated Press revelaba que los delincuentes de la droga ya no tenían por qué andar cargando pacas de billetes: una alternativa más atractiva y menos riesgos para transferirlo de un país a otro “son las tarjetas prepagadas que disponen de bandas electrónicas y no necesitan estar vinculadas a una cuenta bancaria”.
Las tarjetas han sido el medio preferido para pagarle a burros y pushers y también a los polleros que meten gente en Estados Unidos. John Tobo, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, afirma: “Si los terroristas del 11 de septiembre hubieran usado tarjetas (prepagas) para cubrir sus gastos, no se hubiera conseguido ninguna de sus huellas terroristas”.
El departamento de Estado calcula que cada año los cárteles de la droga envían de Estados Unidos a México entre 19 mil y 39 mil millones de dólares que son blanqueados en el sistema financiero mexicano.
Por lo menos tres miembros de una comisión del Senado encargada del International Narcotics Control insisten en que las tarjetas de prepago tienen que declararse en las aduanas como si fuera efectivo. Cualquiera puede bajar en el aeropuerto Eldorado de Bogotá con cinco tarjetas en el bolsillo que son un cuarto de millón de dólares y que además se pueden recargar de manera remota.
Estas informaciones son otros de los indicios que abonan la idea de que el combate al lavado de dinero no ha sido el fuerte del gobierno de Calderón en su lucha contra el crimen. Parece una política de Estado, como si temiera quitarle a la economía nacional una de sus cuatro patas (las otras son los ingresos por petróleo, la inversión extrajera directa y las remesas que mandan nuestros paisanos).
Ha habido una actuación tímida y muy pasiva por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como se ha visto en el caso del Hong Kong Shangai Banking Company (acusado de blanqueo en Estados Unidos) que muy pronto se dio cuenta de que en México el Estado ya no existe y obró en consecuencia.
(nota de Federico Campbell, "Tarjetas lavadólares" en Río Doce en línea.)
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