Norma Andrade es la última, pero no la única. La fundadora de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dedicada a los delitos contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, sobrevivió el pasado 2 de diciembre a un asalto a tiro limpio en aquella localidad. Hace una semana era de nuevo atacada a cuchillo frente a su nuevo domicilio en la capital mexicana, en la que se había refugiado con la supuesta protección de las autoridades. Ahora dice que se marcha del país. "Aun cuando me duela mucho, lo voy a tener que hacer. Somos muchos los activistas que hemos sido atacados".
Al menos once defensores de los derechos humanos fueron asesinados en México en el último año. Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 27 activistas murieron violentamente desde 2005: grupos de la sociedad civil elevan a 63 ese número. Y, en apariencia, no sólo los cárteles del narcotráfico están detrás de estos crímenes.
Es el caso de "Don Nepo". "Don Nepo" había hablado alto y claro ante el presidente Felipe Calderón, el pasado 14 de octubre: "Tengo pruebas de que ellos secuestraron a mi hijo. Fueron los policías del Estado [de Sonora], hay videos que me tienen ocultos"... Calderón asintió, tomó la documentación que le entregaba Nepomuceno Moreno y le respondió: "Ya lo veo". Y "Don Nepo" echó a andar con la foto de su hijo Jorge. Recorrió 11.000 kilómetros. "Hay que seguir adelante, vale más morir en la raya", dijo. Así fue: cinco balas detuvieron su caminar a finales de noviembre. Sólo entonces Calderón volvió a verlo: en las esquelas de los diarios.
No pasaron mucho días para que la sociedad civil mexicana volviera a llevar luto: José Trinidad de la Cruz, otro miembro del movimiento por la paz que encabeza el poeta y periodista Javier Sicilia, fue hallado muerto en la primera semana de diciembre, 24 horas después de haber sido secuestrado. Su cadáver mostraba huellas de tortura, las manos atadas a la espalda, la oreja izquierda prácticamente desprendida y cuatro impactos de bala.
Fuerzas de seguridad «negligentes»
En sus dos últimos informes anuales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que la labor de los activistas resulta incómoda para grupos de poder, no sólo los vinculados al narcotráfico. La Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se quejó de que "el Gobierno federal en conjunto, y en particular la Secretaría de Gobernación, ha sido omisa y negligente en la adopción de medidas urgentes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos".
Y, así, como Norma Andrade, son muchos quienes buscan la paz fuera de sus fronteras. Como Saúl Reyes Salazar, familiar de seis activistas mexicanos asesinados, que acaba de recibir asilo político en Estados Unidos. Reyes perdió a un hermano y a una hermana en 2011. Anteriormente, otros dos hermanos, una hermana y una cuñada también habían sido asesinados. La familia Reyes había participado en actividades políticas en el Valle de Juárez y denunció presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados mexicanos desplegados en la zona.
(¿Ser activista en México implica desarrollar una actividad más peligrosa que el oficio de periodista, narcotraficante, policía honesto y sacerdote que milita al lado de los desposeídos? Si usted, amigo lector (a), responde afirmativamente, no sé si esté equivocado o no. Nota tomada de Abc en línea.)
