Hoy el diario Clarín no pudo llegar a la gran mayoría de sus lectores. Fue debido a un bloqueo en su planta impresora por parte de un grupo de manifestantes, algunos de los cuales se identificaron como afines al sindicalista Hugo Moyano.
Se trata de un hecho gravísimo que atenta contra la libertad de expresión, derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional. Algo que no registra antecedentes de esta magnitud desde la recuperación de la democracia en la Argentina.
El bloqueo constituye un delito no sólo porque está previsto en el Código Penal (arts. 161 y 194) sino porque existen dos fallos judiciales recientes que expresamente prohíben impedir la circulación de diarios y revistas. Así es que, tras haber sufrido cuatro bloqueos de diferente magnitud en los últimos meses, la Justicia ordenó a las fuerzas de seguridad y a su titular, la ministra de Seguridad Nilda Garré, tomar las medidas necesarias para evitar nuevos bloqueos.
No puede pasar desapercibido que, recientemente, la Presidenta de la Nación afirmó que "tenemos que terminar de promover la organización para impedir el ejercicio de los derechos de los otros. Impedir que el otro circule, trabaje o estudie, porque hace a la libertad y yo soy una acérrima defensora de los derechos de los demás".
Es evidente que el bloqueo contó con la sugestiva inacción de las fuerzas de seguridad, traducida en la falta de una orden política de las autoridades del Gobierno Nacional para resolver la situación. Nos hallamos ante un caso de doble omisión: por un lado la "desobediencia judicial" al incumplirse dos fallos, delito que será oportunamente denunciado. Y por el otro, el desconocimiento de instrucciones expresas de una fiscal, que había ordenado hacer cesar las trabas a la circulación.
Resulta falso lo expresado por quienes buscaron enmascarar el hecho con un pretendido reclamo laboral, por cuanto no existen conflictos colectivos en ninguna de las empresas de Clarín; las plantas operan con absoluta normalidad e imprimieron tanto el diario como sus revistas y suplementos; y el sindicato no decidió ni avaló semejantes medidas. Por el contrario, existen elementos para radicar una denuncia por extorsión y así lo hemos hecho.
Todo esto no hace más que demostrar que la verdadera intención de los ideólogos del bloqueo era impedir la salida del diario, como un eslabón más de la cadena de persecución y hostigamiento que –con diferentes modalidades y en distintos ámbitos- se está perpetrando sobre Clarín y otros medios de comunicación independientes.
Un ataque doblemente grave porque se da a pocos días de la flagrante amenaza del Sindicato de Camioneros contra los medios y periodistas que publiquen información sobre sus dirigentes.
Son rasgos inquietantes en un año electoral, en el que debería asegurarse más que nunca a la sociedad argentina el libre acceso a la información, la posibilidad de debatir ideas y el control sobre los actos de gobierno, en un marco de absoluto respeto por los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
A PESAR DE LOS ATAQUES SEGUIMOS TRABAJANDO, COMO HACE MAS DE 60 AÑOS, PARA ESTAR CON NUESTROS LECTORES, TODOS LOS DIAS, LAS 24 HORAS.
(¿Vísperas de elecciones? Víspera contra la prensa escrita. Esto se ve en México en estos momentos: en 2012 saldrá de Los Pinos FCH con la cola entre las patas por su fracaso en la guerra contra el narcotráfico y ya han empezado a hostigar a los que no se alinearon ante la iniciativa oficial, vía televisoras, de un 'acuerdo para la cobertura informativa de la violencia'. Aunque anteriormente la revista Proceso ha resentido una 'guerra sucia' contra aquellos que han denunciado la complicidad desde el gobierno con uno de los cárteles que se disputan las vías de traslado de drogas a EEUU. Al parecer en Argentina no cantan mal las rancheras... Se reproduce el comunicado de prensa del diario Clarín.)
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