MÉXICO, DF.- La embajada de Estados Unidos en México desmintió a la Procuraduría General de la República, al sostener que autoridades mexicanas sí fueron notificadas de la operación "Rápido y Furioso" por la que se dejaron pasar de forma deliberada cerca de 2 mil armas de fuego a México.
Antes, la PGR había señalado que el gobierno de México “no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio mexicano”.
Incluso adelantó que ya había solicitado formalmente la información detallada del operativo al gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, en un comunicado emitido esta noche (jueves), la representación diplomática a cargo de Carlos Pascual sostuvo que funcionarios mexicanos fueron informados sobre las acciones de los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) a cargo de la estrategia.
La embajada de Estados Unidos en México aseguró que "Rápido y Furioso" fue una de muchas operaciones prioritarias contra el tráfico de armas llevada a cabo en territorio estadunidense.
Más aún, destacó que "fue una operación exitosa que desmanteló una banda de traficantes en Estados Unidos y llevó, entre otras cosas, a las acusaciones formales anunciadas el 25 de enero en Phoenix, Arizona, contra 20 individuos que presuntamente traficaban armas de fuego de Estados Unidos hacia México".
Y a contrapelo de la postura del gobierno de Felipe Calderón que fijó hoy la PGR, en el comunicado de la representación diplomática se afirma que "oficiales de procuración de justicia estadunidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando según se ponían en práctica las operaciones en Estados Unidos, hasta el 25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados fueron arrestados. Agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos del 25 de enero en Phoenix”.
( El detalle que más le pudre a EEUU es que el tráfico de armas a México se les volvió un bumerang con la muerte de un agente en San Luis Potosí. Pero ocultar la información le costó a Felipe Calderón y a su gobierno un balazo en el pie. Nota tomada de Apro, agencia informativa de Proceso.)
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