Al poco de hacerse efectiva la muerte de Leal, el Gobierno de México condenó "en los términos más enérgicos" la ejecución y envió una nota de protesta al Departamento de Estado de EEUU por la "violación al derecho internacional".
La ejecución es un "claro desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" en el Caso Avena, que ordenó hace unos años la revisión y reconsideración judicial del veredicto y la pena impuesta y la condena a muerte de 51 mexicanos.
La Cancillería mexicana ha recalcado que al momento de la detención las autoridades de Texas nunca le informaron a Leal de su derecho a comunicarse con sus representantes consulares, en violación al Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) de la que México y Estados Unidos son parte.
La Cancillería añadió que México también deplora la decisión del Ejecutivo del estado de Texas de no ejercer su facultad legal de suspender la ejecución para dar tiempo al Congreso de terminar la legislación que permitiría el acceso de esos 51 presos ante un tribunal federal para reconsiderar sus condenas, tal y como se lo solicitaron el Gobierno mexicano, otros Estados, organismos internacionales y ONGs.
La nota enviada al Departamento de Estado estadounidense pone de manifiesto la preocupación de México "por el precedente negativo que este caso sienta para el resto de los nacionales mexicanos incluidos en el fallo Avena de la CIJ y para los derechos de los mexicanos que puedan ser detenidos en ese país".
Tras reconocer la voluntad de la Administración de Obama de mediar en el caso, la nota asegura que para detener esta ejecución el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, "buscó telefónicamente al gobernador (de Texas, Rick Perry), quien no tomó la llamada".
(nota de la agencia Efe, tomada del diario El País.)
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