EL RASERO PANISTA

Hay algo que no me cuadra: en el caso de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo algunos dicen que el tipo era un criminal pero su obra es buena. Pero en el caso de la Santa Muerte, ante la presunta culpabilidad de quien se pretende su líder, lo que para estas personas procedería es la quema de las imágenes y el arrasamiento de los lugares de dicho culto. El problema aquí es la utilización de un doble rasero: uno que se emplea para la Iglesia católica y otro el que se le aplica a las minorías religiosas. La ley, para que sea justa, debe ser igual para todos. Eso significa que, si hay una persona que cometió un crimen, ésta debe pagar por él, sin importar si es ministro de culto, hermana de la caridad, diputado o Presidente de la República. Y que los actos de una persona no necesariamente condenan a la organización de la cual es parte; dependen del tipo de conexión existente entre el criminal y la institución que fundó, de la cual es parte o que eventualmente lo cobijó. Pero el escándalo se maneja arbitrariamente. Según recuerdo, por ejemplo, Marcial Maciel, conocido pederasta, falsificador de identidades, evasor de impuestos, bígamo y muchas cosas más, murió tranquilamente en su casa de Cotija. La ley de los hombres nunca lo tocó y no he sabido de alguna auditoría por parte de la SHCP a las finanzas de los Legionarios.


En el caso de la mal llamada “Iglesia” de la Santa Muerte hay además otro problema. No se trata de una institución formalmente establecida, sino de un culto popular que se ha extendido a muchos lugares de México e incluso de Estados Unidos, pero que, como suele suceder en este tipo de cultos, no posee una organización centralizada ni institucionalizada. Lo que no impide que algunos intenten aprovechar y canalizar esta forma de religiosidad en una forma organizada y estructurada. Es lo que intentó hacer David Romo, cuando quiso usar el registro que tenía de la asociación religiosa Iglesia católica tradicionalista México-USA y trató de incorporar el culto de la Santa Muerte a la misma, razón por la cual la Secretaría de Gobernación le retiró el registro, ante el beneplácito de la jerarquía católica que había estado pidiendo esa medida. De cualquier manera, un culto popular como el de la Santa Muerte no puede ser contenido con medidas administrativas o legales, precisamente porque no está organizado en una Iglesia. Ni la detención de uno de sus autonombrados sacerdotes ni un eventual arrasamiento de sus lugares de culto acabará con el mismo.

La jerarquía católica no tiene estima al culto de la Santa Muerte por diversas razones. La principal de ellas es que representa una fabulosa competencia a su propia religiosidad popular, controlada y organizada por ella, por ejemplo a través del culto a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y muchos otros santos con arraigo popular. En la medida que muchos adoradores de la Santa Muerte son católicos y éste no es un culto controlado ni forma parte de la doctrina oficial, la jerarquía quiere su condena y su eventual desaparición. No es por lo tanto un problema de la liga con el crimen organizado, pues como se ha visto, más de algún sacerdote católico ha aceptado recibir dinero de narcotraficantes y criminales. Tan lo sabe el propio Romo que su defensa actual consiste en decir que únicamente había aceptado recibir dinero para la edificación de un templo. Es decir, lo mismo que han hecho muchos prelados de la Iglesia católica. Más allá de la estratagema defensiva de dicho líder religioso, lo que es cierto es que la Iglesia católica no ha sido, hasta fechas muy recientes, particularmente aséptica en lo que se refiere a la relación de sus sacerdotes con el crimen, tanto el organizado como el difuso. Lo que no le impide al vocero del arzobispado de México pedir, como un nuevo Torquemada, la quema de las imágenes de la Santa Muerte. Contradiciendo de manera flagrante el principio de libertad religiosa que tanto dice defender, quisiera eliminar a la competencia religiosa utilizando al Estado como su brazo armado. Y le pide precisamente a quienes ha acusado de “talibanes laicistas” que cumplan ese papel. Nos podemos imaginar muy bien lo que sucedería si el arzobispo y su vocero contaran con la fuerza pública, como antaño, para eliminar a la competencia indeseable.

La verdad es que, aún si fuera posible, no sería justo que por las acciones de uno de sus líderes el culto a la Santa Muerte fuese erradicado. Pedir la quema de las imágenes sería como si, por los comprobados crímenes de Marcial Maciel, se hubiera pedido la quema de las capillas, los colegios y universidades de los Legionarios. El Estado mexicano, que es laico, no puede convertirse en el brazo armado de una Iglesia para eliminar a sus competidores. Aun si ésta fuese el refugio de todos los criminales del país. A menos que un culto sea peligroso por lo que allí se predica para la vida de los propios creyentes o para el orden público, lo cual no parece ser el caso de la Santa Muerte, aun si muchos criminales rezan en sus templos. Pues si ese fuese el criterio, tendrían que cerrarse todas las iglesias católicas. Por lo demás, si alguna persona infringe la ley, sea o no miembro de una iglesia o practique cualquier culto, debe ser castigada. Lo demás es persecución religiosa.


(David Romo, jerarca supuesto de la Iglesia de la Santa Muerte se dispone a enfocar sus baterías hacia los reos federales alojados en los reclusorios de la capital del país luego de su detención por estar involucrado en delitos de secuestro, privación de la lbertad y extorsión. Se ha entrado así, por parte del gobierno federal y la iglesia católica en una nueva fase de combate y discriminación a las minorías religiosas, mientras que al fundador de los Legionarios de Cristo, con crimenes pavorosos en su curriculum sólo se eliminará su imagen y presencia en los anuarios de la Congregación, por órdenes de Ratzinger, ni más ni menos. Nota de Roberto Blancarte tomada del diario Milenio.)