La justicia argentina condenó hoy al exdictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
La justicia consideró probado un delito de lesa humanidad "mediante la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años", en el contexto de un "plan general de aniquilación" contra parte de la población civil con el argumento de acabar con la "subversión" durante la dictadura militar.
Considerado un proceso "emblemático" por las organizaciones de Derechos Humanos, el juicio comenzó por una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo y abarca más de una treintena de casos.
Junto a Videla se sentaron en el banquillo el ex dictador Reynaldo Bignone, condenado a 15 años, Antonio Vañek, ex-almirante, condenado a 40 años, el ex-capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta, sentenciado a 30, y el exgeneral Omar Riveros, a 20, entre otros represores de la dictadura militar.
Sentado en primera fila, Videla escuchó sin inmutarse la condena, que se suma a las pena de cadena perpetua que ya pesa en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto. Según estimaciones de organizaciones humanitarias, 105 niños robados durante la dictadura han recuperado su identidad, aunque aún hay más de 400 denuncias pendientes por casos similares.
("Que se pudra en el infierno" escribió alguien en el sitio de Público, diario español en línea y que aquí reproducimos como un deseo universal.)
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jueves, 5 de julio de 2012
miércoles, 18 de abril de 2012
EU: más "trofeos" de guerra
Los Ángeles— Los Angeles Times publicó este miércoles fotos de soldados estadounidenses posando junto a cadáveres y restos humanos de insurgentes afganos y el Pentágono aseguró que estaba en curso una investigación para arrojar luz sobre esos actos "inhumanos".
El diario publicó en su página en internet este miércoles una foto con dos soldados estadounidenses uniformados, uno de ellos sonriendo cerca de un cadáver.
En febrero de 2010, cuando tropas de la 82a división aerotransportada fueron enviadas a una estación policial en la provincia afgana de Zabol para analizar los restos de un supuesto atacante suicida y tomar huellas digitales, los militares terminaron posando para ser fotografiados, de pie o en cuclillas, junto a los cadáveres, afirma el diario.
Unos meses después, el mismo pelotón concurrió a inspeccionar los restos de tres insurgentes, sobre los que la Policía afgana dijo que se volaron por accidente al manipular explosivos.
En una foto, dos soldados posan sosteniendo las manos de uno de los hombres muertos con el dedo medio levantado.
En otra, un soldado estrecha la mano de un hombre muerto, según el diario estadounidense.
Otro soldado colocó aparentemente una insignia extraoficial en la que se podía leer 'cazador de zombies' cerca de otro cadáver y tomó una foto.
Esta foto "es una de las 18 que fueron entregadas al Times y muestran a soldados estadounidenses posando con cadáveres", explica el diario, que afirma haber recibido fotos de un "soldado estaodunidense" que deseaba "llamar la atención sobre los problemas de disciplina" y de "mando".
"Estas imágenes no representan en nada los valores o el profesionalismo de la enorme mayoría de las tropas estadounidenses que sirven hoy en Afganistán", lamentó en un comunicado el secretario de Defensa estaounidense, Leon Panetta.
"Una investigación que podría desembocar en procesos disciplinarios está en curso", agregó el jefe del Pentágono, en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. El general John Allen, comandante de la fuerza de la OTAN en Afganistán (ISAF) también condenó las fotos.
"Las acciones de las personas fotografiadas no representan las políticas de la ISAF o del Ejército estadounidense", dijo Allen.
"Seguimos trabajando con nuestros aliados afganos e internacionales para resolver cualquier problema relacionado con un tratamiento inadecuado de restos mortales", aseguró.
Pero más allá de condenar los hechos, el secretario de Defensa se declaró "decepcionado" por la publicación de estas imágenes en el diario.
El Los Angeles Times dijo que jerarcas militares le pidieron que no publicara las fotografías por temor a que suscitaron reacciones violentas, pero el editor del Times Davan Maharaj dijo que el diario decidió publicar una selección "pequeña pero representativa" de las mismas.
"Tras una cuidadosa consideración, decidimos que publicar una selección pequeña pero representativa de las fotos cumpliría con nuestra obligación de informar con vigor e imparcialidad a los lectores acerca de todos los aspectos de la misión estadounidense en Afganistán", agregó.
La publicación de las imágenes tiene lugar tras una serie de escándalos que afectaron recientemente los vínculos entre estadounidenses y afganos.
En marzo un soldado abrió fuego indiscriminadamente en dos aldeas afganas matando a 17 personas —en su mayoría mujeres y niños— en lo que se cree fue el mayor crimen de guerra cometido por un soldado de la OTAN durante el conflicto en ese país.
La quema de ejemplares del Corán a mediados de febrero desató violentas protestas anti-norteamericanas y una oleada de ataques de miembros de las propias fuerzas de seguridad afganas contra efectivos de la OTAN.
La OTAN tiene 130 mil efectivos liderados por Estados Unidos en Afganistán, que combaten a los islamistas talibanes, que se levantaron contra el gobierno de Kabul, apoyado por las potencias occidentales.
(nota de AFP reproducida del Diario de Juárez.)
El diario publicó en su página en internet este miércoles una foto con dos soldados estadounidenses uniformados, uno de ellos sonriendo cerca de un cadáver.
En febrero de 2010, cuando tropas de la 82a división aerotransportada fueron enviadas a una estación policial en la provincia afgana de Zabol para analizar los restos de un supuesto atacante suicida y tomar huellas digitales, los militares terminaron posando para ser fotografiados, de pie o en cuclillas, junto a los cadáveres, afirma el diario.
Unos meses después, el mismo pelotón concurrió a inspeccionar los restos de tres insurgentes, sobre los que la Policía afgana dijo que se volaron por accidente al manipular explosivos.
En una foto, dos soldados posan sosteniendo las manos de uno de los hombres muertos con el dedo medio levantado.
En otra, un soldado estrecha la mano de un hombre muerto, según el diario estadounidense.
Otro soldado colocó aparentemente una insignia extraoficial en la que se podía leer 'cazador de zombies' cerca de otro cadáver y tomó una foto.
Esta foto "es una de las 18 que fueron entregadas al Times y muestran a soldados estadounidenses posando con cadáveres", explica el diario, que afirma haber recibido fotos de un "soldado estaodunidense" que deseaba "llamar la atención sobre los problemas de disciplina" y de "mando".
"Estas imágenes no representan en nada los valores o el profesionalismo de la enorme mayoría de las tropas estadounidenses que sirven hoy en Afganistán", lamentó en un comunicado el secretario de Defensa estaounidense, Leon Panetta.
"Una investigación que podría desembocar en procesos disciplinarios está en curso", agregó el jefe del Pentágono, en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. El general John Allen, comandante de la fuerza de la OTAN en Afganistán (ISAF) también condenó las fotos.
"Las acciones de las personas fotografiadas no representan las políticas de la ISAF o del Ejército estadounidense", dijo Allen.
"Seguimos trabajando con nuestros aliados afganos e internacionales para resolver cualquier problema relacionado con un tratamiento inadecuado de restos mortales", aseguró.
Pero más allá de condenar los hechos, el secretario de Defensa se declaró "decepcionado" por la publicación de estas imágenes en el diario.
El Los Angeles Times dijo que jerarcas militares le pidieron que no publicara las fotografías por temor a que suscitaron reacciones violentas, pero el editor del Times Davan Maharaj dijo que el diario decidió publicar una selección "pequeña pero representativa" de las mismas.
"Tras una cuidadosa consideración, decidimos que publicar una selección pequeña pero representativa de las fotos cumpliría con nuestra obligación de informar con vigor e imparcialidad a los lectores acerca de todos los aspectos de la misión estadounidense en Afganistán", agregó.
La publicación de las imágenes tiene lugar tras una serie de escándalos que afectaron recientemente los vínculos entre estadounidenses y afganos.
En marzo un soldado abrió fuego indiscriminadamente en dos aldeas afganas matando a 17 personas —en su mayoría mujeres y niños— en lo que se cree fue el mayor crimen de guerra cometido por un soldado de la OTAN durante el conflicto en ese país.
La quema de ejemplares del Corán a mediados de febrero desató violentas protestas anti-norteamericanas y una oleada de ataques de miembros de las propias fuerzas de seguridad afganas contra efectivos de la OTAN.
La OTAN tiene 130 mil efectivos liderados por Estados Unidos en Afganistán, que combaten a los islamistas talibanes, que se levantaron contra el gobierno de Kabul, apoyado por las potencias occidentales.
(nota de AFP reproducida del Diario de Juárez.)
jueves, 13 de octubre de 2011
FCH: crímenes de guerra
Distrito Federal─ Más de 20 mil ciudadanos acordaron demandar ante la Corte Penal Internacional de La Haya, al presidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y lesa humanidad, ante el elevado número de mexicanos asesinados y desaparecidos derivados de la confrontación entre el gobierno y grupos delincuenciales del narcotráfico.
La demanda es lidereada por un grupo de investigadores, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos quienes presentarán el próximo 25 de Noviembre, ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación que prevalece en México, la cual está sustentada en 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos.
Además de Felipe Calderón otros funcionarios que serán demandados por los ciudadanos son los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, así como el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, entre otros.
"Nuestra petición está respaldada por más de 20 mil firmas--autógrafas y electrónicas-- de ciudadanos mexicanos, lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido la CPI en su historia", aseguró Netzaí Sandoval Ballesteros, abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional.
En conferencia de prensa en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, Sandoval afirmó que, de proceder la denuncia y resultar culpables los funcionarios, se podrían condenar a 30 años de cárcel o, en caso de ser graves las responsabilidades, cadena perpetua.
El abogado explicó que algunos de los delitos por los que se ha demandado a Calderón Hinojosa será por encubrimiento de tortura, homicidios, allanamientos; impunidad y acción al haber creado un grupo militar de élite de apoyo a las fuerzas civiles federales, el cual estuvo a su cargo, y que cometió diversos crímenes en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
"Lo que nosotros estamos solicitando al fiscal es que antes de determinar si se abre o no la investigación en torno a la responsabilidad de estos funcionarios, la cual deberá determinar en unos meses, solicite, tanto al gobierno de Felipe Calderón como a los diversos organismos de la ONU, un informe sobre la situación que prevalece en México", se precisó.
La petición continúa abierta para recibir nuevas firmas adherentes en http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html.
En la conferencia de prensa participaron John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Manuel Fuentes Muñiz, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; José Rosario Marroquín, Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez"; Julio Scherer Ibarra, Jurista, periodista y autor; Loretta Ortiz Ahlf, del Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana; Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Miguel Badillo, Director de la Revista "Contralinea" Rafael Barajas, "El Fisgón", La Jornada, entre otros.
(nota sustraida del Diario de Juárez.)
La demanda es lidereada por un grupo de investigadores, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos quienes presentarán el próximo 25 de Noviembre, ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación que prevalece en México, la cual está sustentada en 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos.
Además de Felipe Calderón otros funcionarios que serán demandados por los ciudadanos son los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, así como el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, entre otros.
"Nuestra petición está respaldada por más de 20 mil firmas--autógrafas y electrónicas-- de ciudadanos mexicanos, lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido la CPI en su historia", aseguró Netzaí Sandoval Ballesteros, abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional.
En conferencia de prensa en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, Sandoval afirmó que, de proceder la denuncia y resultar culpables los funcionarios, se podrían condenar a 30 años de cárcel o, en caso de ser graves las responsabilidades, cadena perpetua.
El abogado explicó que algunos de los delitos por los que se ha demandado a Calderón Hinojosa será por encubrimiento de tortura, homicidios, allanamientos; impunidad y acción al haber creado un grupo militar de élite de apoyo a las fuerzas civiles federales, el cual estuvo a su cargo, y que cometió diversos crímenes en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
"Lo que nosotros estamos solicitando al fiscal es que antes de determinar si se abre o no la investigación en torno a la responsabilidad de estos funcionarios, la cual deberá determinar en unos meses, solicite, tanto al gobierno de Felipe Calderón como a los diversos organismos de la ONU, un informe sobre la situación que prevalece en México", se precisó.
La petición continúa abierta para recibir nuevas firmas adherentes en http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html.
En la conferencia de prensa participaron John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Manuel Fuentes Muñiz, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; José Rosario Marroquín, Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez"; Julio Scherer Ibarra, Jurista, periodista y autor; Loretta Ortiz Ahlf, del Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana; Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Miguel Badillo, Director de la Revista "Contralinea" Rafael Barajas, "El Fisgón", La Jornada, entre otros.
(nota sustraida del Diario de Juárez.)
jueves, 7 de julio de 2011
Y LAS CIFRAS NEGRAS, CUÁNDO
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio.- De enero de 2005 a mayo de 2011, los organismos defensores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentaron 27 denuncias por homicidio en agravio de defensores y defensoras de garantías fundamentales.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, informó que en el mismo periodo se registraron un total de 523 casos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores.
Durante la presentación del Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, agregó que las entidades donde se presentaron el mayor número de quejas fueron Jalisco con 97 y el Distrito Federal con 46.
Le siguieron Chiapas, con 44; Oaxaca, con 36 y Chihuahua, con 28 casos, indicó Plascencia Villanueva en el acto, al que asistió la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Navanethem Pillay.
El ombudsman nacional destacó que en el informe especial se refiere que las procuradurías generales de justicia de las 32 entidades de la República reportan el conocimiento de 103 casos de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos.
Ello muestra, agregó, que en comparación con los 523 casos presentados en los organismos protectores de los derechos humanos, existe un subregistro o "cifra negra" respecto de las agresiones que sufren los defensores y defensoras.
Reconoció que lo anterior se debe a que no todas las instancias de procuración de justicia tienen una definición clara del trabajo que realizan los defensores y, además, existe una ausencia de denuncias por parte de las víctimas por amenazas.
Explicó que en el informe se destaca la necesidad de que los tres ámbitos de gobierno construyan un frente común en la prevención y protección de los derechos de los defensores, mediante acciones eficaces que les permitan ejercer sus actividades.
También se hacen diversas propuestas a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a los titulares de los ejecutivos estatales.
Destacó que la defensa de los derechos humanos en México se da en el contexto de las acciones contra el crimen organizado, donde no sólo la sociedad se ha visto expuesta a un mayor nivel de violencia, sino los defensores, que han perdido la vida a manos de la delincuencia.
(Me parece que Chihuahua destaca en el panorama nacional por el primitivismo con que se cometen los crímenes contra las mujeres activista por los DH. Nota tomada de Excelsior, a su vez reproducida de la agencia Notimex.)
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, informó que en el mismo periodo se registraron un total de 523 casos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores.
Durante la presentación del Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, agregó que las entidades donde se presentaron el mayor número de quejas fueron Jalisco con 97 y el Distrito Federal con 46.
Le siguieron Chiapas, con 44; Oaxaca, con 36 y Chihuahua, con 28 casos, indicó Plascencia Villanueva en el acto, al que asistió la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Navanethem Pillay.
El ombudsman nacional destacó que en el informe especial se refiere que las procuradurías generales de justicia de las 32 entidades de la República reportan el conocimiento de 103 casos de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos.
Ello muestra, agregó, que en comparación con los 523 casos presentados en los organismos protectores de los derechos humanos, existe un subregistro o "cifra negra" respecto de las agresiones que sufren los defensores y defensoras.
Reconoció que lo anterior se debe a que no todas las instancias de procuración de justicia tienen una definición clara del trabajo que realizan los defensores y, además, existe una ausencia de denuncias por parte de las víctimas por amenazas.
Explicó que en el informe se destaca la necesidad de que los tres ámbitos de gobierno construyan un frente común en la prevención y protección de los derechos de los defensores, mediante acciones eficaces que les permitan ejercer sus actividades.
También se hacen diversas propuestas a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a los titulares de los ejecutivos estatales.
Destacó que la defensa de los derechos humanos en México se da en el contexto de las acciones contra el crimen organizado, donde no sólo la sociedad se ha visto expuesta a un mayor nivel de violencia, sino los defensores, que han perdido la vida a manos de la delincuencia.
(Me parece que Chihuahua destaca en el panorama nacional por el primitivismo con que se cometen los crímenes contra las mujeres activista por los DH. Nota tomada de Excelsior, a su vez reproducida de la agencia Notimex.)
martes, 5 de abril de 2011
NUEVE MIL FOSAS COMUNES AQUÍ
Los 'sin nombre' de México rozan los 9.000, todos muertos sin identificar víctimas de la violencia, muchos, pero también de accidentes o enfermedades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha encargado de contarlos con información recogida de los óganos oficiales de los 31 estados y el Distrito Federal.
Las morgues, con el trabajo incrementado por una guerra contra el 'narco' que ya se ha cobrado más de 35.000 vidas, conservan estos cadáveres durante un tiempo y después, algunos llegan a las facultades de Medicina para ayudar a los alumnos a salvar de la muerte a otros.
Además, México acumula desde 2006, el año en que llegó Felipe Calderón a la presidencia del país, más de 5.000 expedientes abiertos por la desaparición de otras tantas personas, la mayoría hombres, según el informe de la CNDH.
El organismo ha incluido estas cifras en su Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), desde el que refleja datos de los desaparecidos proporcionados por los familiares y brinda orientación.
(nota reproducida del diario El Mundo.)
Las morgues, con el trabajo incrementado por una guerra contra el 'narco' que ya se ha cobrado más de 35.000 vidas, conservan estos cadáveres durante un tiempo y después, algunos llegan a las facultades de Medicina para ayudar a los alumnos a salvar de la muerte a otros.
Además, México acumula desde 2006, el año en que llegó Felipe Calderón a la presidencia del país, más de 5.000 expedientes abiertos por la desaparición de otras tantas personas, la mayoría hombres, según el informe de la CNDH.
El organismo ha incluido estas cifras en su Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), desde el que refleja datos de los desaparecidos proporcionados por los familiares y brinda orientación.
(nota reproducida del diario El Mundo.)
martes, 29 de marzo de 2011
LA SANGRE DE LOS DD HH
Un total de 50 defensores de derechos fueron asesinados en 2010 en América, según denunciaron hoy 23 ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La violencia contra los defensores de derechos humanos la ejercen el crimen organizado y las compañías con intereses económicos en la región, pero también agentes de los propios Estados o actores que actúan bajo su respaldo, como los paramilitares.
Así lo denunció hoy ante la CIDH Viviana Krsticevíc, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en la última jornada de audiencias públicas del 141 periodo de sesiones, que comenzó el 21 de marzo y se prolongará hasta el 1 de abril.
Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú lideran la lista de países donde los defensores sufren más agresiones, a tenor del número de denuncias presentadas.
Según las investigaciones de las ONGs, en Colombia unos 1.000 defensores fueron víctimas de amenazas, detenciones arbitrarias y torturas en 2010, y 32 de ellos fueron asesinados.
Los defensores que ven impedida su labor en mayor medida son aquellos que abogan por los derechos de las personas desplazadas, de las mujeres, así como los que trabajan por la restitución de tierras ancestrales y los sindicalistas.
Krsticevíc denunció la pasividad de los Gobiernos ante esta "alarmante situación", y recordó en este sentido que el 98 % de las 1072 agresiones registradas en Guatemala en los últimos tres años quedaron impunes.
En este contexto, las 23 ONGs solicitaron a la CIDH que cree una oficina específica que se ocupe de los defensores y que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección e investigación en los casos que conciernen a este colectivo.
(Los derechos de mujeres desplazadas, como las prostitutas, las exiliadas políticas de Ciudad Juárez, Chihuahua, los de las encarceladas y sus hijos que ahí nacen, los de las sirvientas que son golpeadas y humilladas, ultrajadas y vejadas, ¿están contemplados en agrupaciones internacionales de Derechos Humanos? No se duda, sólo se plantea como una posibilidad en lugares remotos como la casa de mi vecino o la mía propia. Nota rescatada del diario El Espectador.)
La violencia contra los defensores de derechos humanos la ejercen el crimen organizado y las compañías con intereses económicos en la región, pero también agentes de los propios Estados o actores que actúan bajo su respaldo, como los paramilitares.
Así lo denunció hoy ante la CIDH Viviana Krsticevíc, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en la última jornada de audiencias públicas del 141 periodo de sesiones, que comenzó el 21 de marzo y se prolongará hasta el 1 de abril.
Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú lideran la lista de países donde los defensores sufren más agresiones, a tenor del número de denuncias presentadas.
Según las investigaciones de las ONGs, en Colombia unos 1.000 defensores fueron víctimas de amenazas, detenciones arbitrarias y torturas en 2010, y 32 de ellos fueron asesinados.
Los defensores que ven impedida su labor en mayor medida son aquellos que abogan por los derechos de las personas desplazadas, de las mujeres, así como los que trabajan por la restitución de tierras ancestrales y los sindicalistas.
Krsticevíc denunció la pasividad de los Gobiernos ante esta "alarmante situación", y recordó en este sentido que el 98 % de las 1072 agresiones registradas en Guatemala en los últimos tres años quedaron impunes.
En este contexto, las 23 ONGs solicitaron a la CIDH que cree una oficina específica que se ocupe de los defensores y que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección e investigación en los casos que conciernen a este colectivo.
(Los derechos de mujeres desplazadas, como las prostitutas, las exiliadas políticas de Ciudad Juárez, Chihuahua, los de las encarceladas y sus hijos que ahí nacen, los de las sirvientas que son golpeadas y humilladas, ultrajadas y vejadas, ¿están contemplados en agrupaciones internacionales de Derechos Humanos? No se duda, sólo se plantea como una posibilidad en lugares remotos como la casa de mi vecino o la mía propia. Nota rescatada del diario El Espectador.)
martes, 5 de octubre de 2010
LA TORTURA COMO MÉTODO
La organización civil internacional Human Rights Watch envió el viernes pasado una severa carta al presidente Felipe Calderón en que le reprocha la ambigüedad o falta de una definición clara sobre derechos humanos, amén de formular sugerencias, comentarios y precisiones (el documento las llama en general recomendaciones) acerca de esta materia, tan dejada de la mano de Dios por el gobierno mexicano.
La misiva se divide en siete partes, además de un preámbulo. Las dos primeras son de orden general: Mensajes contradictorios sobre derechos humanos y La protección a los derechos humanos fortalece la seguridad pública. De ésta se derivan "algunas medidas elementales que permitirían desarrollar los compromisos retóricos con acciones concretas": se trata de "Juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario"; "Desautorizar a funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos"; "Proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil"; "Acelerar la visita del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales"; y aceptar que "Tijuana no es un modelo de seguridad pública".
Dirigida una copia de la carta al secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, éste habrá leído preocupado el juicio que merece a Human Rights su actuación como secretario de Gobierno de Baja California en materia de seguridad que, al menos para efectos prácticos, le mereció ser llamado al gabinete federal. La organización internacional de derechos humanos, en sentido contrario al criterio presidencial, señala que "Tijuana está lejos de ser un modelo de operativo de seguridad pública".
En vez de ello, durante una investigación realizada sobre el terreno en abril pasado, "recibimos denuncias creíbles de uso sistemático de tortura por el Ejército en más de 100 casos desde el año 2009, inclusive de personas que presuntamente habrían sido detenidas de manera arbitraria, transportadas a bases militares y torturadas con el fin de obtener confesiones falsas". Agrega HRW que las "tácticas de tortura descritas responden a un patrón; según las víctimas y sus familiares, quienes les interrogaban las vendaban los ojos, los golpeaban, les aplicaban descargas eléctricas en los genitales, amenazaban con matarles y los asfixiaban colocándoles bolsas de plástico en la cabeza". Más aún: "Durante la detención y los interrogatorios, las autoridades no informaron a las familias de los detenidos sobre su paradero". No sólo eso: "En varios casos las víctimas afirmaron que las autoridades civiles colaboraron durante los abusos. Así, por ejemplo, la policía participaba durante las detenciones arbitrarias del Ejército y agentes del Ministerio Público habrían estado presentes cuando firmaban las confesiones extraídas bajo tortura".
Según la Procuraduría de derechos humanos de Baja California, citada en la carta de HRW, en agosto de 2009 "cinco personas fueron detenidas en forma arbitraria por un grupo de policías, quienes las mantuvieron incomunicadas, y prefabricaron evidencias...el jefe de la policía municipal no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas, colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes".
Human Rights puntualiza que "la movilización de militares en Tijuana (no) ha logrado reducir el número de asesinatos. Según información proporcionada por el gobierno del estado, durante 2007 se registraron 337 homicidios, mientras que en 2008 la cifra fue de 884, y en 2009, de 664. Desde el comienzo del año hasta el 28 de agosto de 2010, 531 personas fueron asesinadas en Tijuana, lo cual sugiere que éste podría ser uno de los más violentos en dicho estado".
En vez de recibir información de esa naturaleza como insumo para encarar ese torcimiento de las acciones de seguridad, las autoridades locales pasaron de las invectivas a la persecución. Dice la carta a Calderón que "el jefe de policía (de Tijuana) desestimó los descubrimientos de la procuraduría (de derechos humanos) y señaló que existían 'intereses oscuros' detrás de la investigación". El alcalde tijuanense, a su vez, demandó que "no sean utilizadas instituciones de derechos humanos por delincuentes que roban la tranquilidad de la población". Por su parte, dos defensores de derechos humanos recibieron "reiteradas amenazas de muerte" y "al ver que su vida estaba en riesgo...debieron abandonar Tijuana y no han podido regresar hasta hoy".
La carta va mucho más allá que el caso particular de Tijuana, en el que sin embargo me he detenido porque ocultar la realidad no sirve para progresar en la búsqueda de la seguridad y porque concierne al secretario de Gobernación. Las observaciones del organismo internacional referidas a ámbitos más dilatados merecen consideración aparte. Por lo pronto, importa subrayar la trascendencia de la agrupación civil que las emite, pues su personalidad ética les da trascendencia.
Creado en 1978 en Helsinki, este observatorio de derechos humanos se propone, entre otros fines, "investigar y denunciar violaciones" a tales derechos, "exigiendo a sus autores que rindan cuentas por sus actos". En 2008 HRW recibió el premio de la ONU en derechos humanos. El gran prestigio que ha construido explica por qué el multimillonario George Soros le donó hace 20 días, a través de su fundación Open Society, 100 millones de dólares, a ejercer en los próximos 10 años.
(Como ya es rutinario, agrupaciones internacionales de Derechos Humanos externan, una vez más, diagnósticos sobre los atropellos rutinarios que las fuerzas del Estado, policías y militares, cometen contra la ciudadanía a lo largo y ancho del país. Esta vez contra uniformados de Tijuana (BCN), ubicada en los linderos con el vecino del norte. De la carta original extendida al presidente de México, se envió copia al actual secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, oriundo de esa entidad fronteriza y de donde fue "seleccionado" por Calderón Hinojosa para el relevo del anterior, llamado "el tonto útil".
Desde aquí agradezco al doctor Antonio Marquet, autor del blog Mester de Jotería, el haberme facilitado el artículo de don Miguel Ángel Granados Chapa, "Severa exigencia a Calderón", aparecido el 28 de septiembre en un diario de circulación nacional.)
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