La periodista Anabel Hernández denunció la falta de protección de las autoridades ante las amenazas de muerte que ha recibido, lo que la obligó a cancelar su visita a Chihuahua, donde presentaría su libro México en llamas.
En un enlace vía telefónica, explicó a los presentadores de su obra y al público asistente al museo de la Lealtad Republicana, que las autoridades del Distrito Federal turnaron su caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
Los agentes de la PGR son los mismos que la han amenazado, por lo que no garantizan su seguridad, aseguró Hernández, y dijo que instancias internacionales como el gobierno de Francia interceden para que el gobierno del DF continúe brindándole custodia.
La periodista recriminó que el Estado no garantice la seguridad de los periodistas ni de todos los ciudadanos, ya que no le importan.
Además, recordó que otras periodistas como Ana Lilia Pérez y Lydia Cacho también han tenido que salir del país. En el caso de Ana Lilia, se exilió en Alemania y Cacho tiene que salir constantemente de México.
Hernández habló también del gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa:
“Hace tres meses dejó el poder y estamos enfrentando el legado de violencia, del crimen organizado, hay una lucha campal, Chihuahua lo vive. Y la exhiben: hay narcomenudeo, secuestros, extorsiones, hay violencia en toda la frontera”.
Señaló que Enrique Peña Nieto no ha dado un diagnóstico sobre cómo está el país, cómo lo dejó Felipe Calderón Hinojosa; tampoco dice cuántos cárteles hay, qué tipo de arreglos tienen, cuál es su mapa de acción.
Eso “es grave porque necesitamos saber, no se llama a cuentas a Felipe Calderón, por eso es capaz de sonreírnos desde Harvard. No explica (Peña Nieto), no dice cómo va a cambiar esto. No conocemos tampoco la situación del cártel de Sinaloa que ha provocado la furia de los cárteles de la droga y ha desatado la violencia, ¿quién nos va a informar?”, preguntó.
Dijo que el compromiso del periodismo es fuerte ante los vacíos que el gobierno solapa y la impunidad que predomina.
“Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, negó la presencia de grupos criminales, trató de callar la violencia y ahora tenemos un Estado de México incendiado”, afirmó la periodista.
Por esa situación consideró que se requiere información veraz y oportuna, y llamó a la ciudadanía a hacer conciencia de la gravedad de las agresiones y asesinatos contra periodistas porque no sólo se trata de la muerte de una persona, sino de una violación al derecho de la sociedad a estar informada.
“Necesitamos seguir completos”, dijo.
El vicario general de la Diócesis de Cuauhtémoc-Madera y presentador del libro, Camilo Daniel Pérez, dijo que la situación del país no es por un Estado fallido, ni siquiera se trata de un Estado indolente y corrupto, sino de un Estado delincuencial.
“El libro es un fehaciente testimonio, claro, contundente de los hijos de la corrupción y la complicidad de los altos funcionarios públicos de todo nivel, que hacen que forjáramos un México incendiado. Anabel dice que siempre ha habido corrupción, las autoridades habían acordado con los cárteles que pagaban para que respetaran los límites… los señores del narco son los políticos y empresarios”, detalló.
Pérez destacó el legado que Calderón dejó al país, desde el punto de vista de Anabel: un infinito del poder del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera El Chapo, que es intocable; los asesinatos impunes y las víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico; la destrucción del Partido Acción Nacional (PAN); el país controlado por la delincuencia y el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos.
El sacerdote resumió los seis capítulos del libro que indican que Calderón Hinojosa será recordado como el presidente del exterminio. “Desde el punto de vista religioso, para mí es una persona profundamente fundamentalista, con una ética férrea para unas coas y laxo para otras”.
Lo más preocupante, enfatizó, es el contenido del capítulo 6, que “habla de los mercenarios, de los grupúsculos delincuenciales que no pertenecen a ningún cártel, pero se contratan al mejor postor: grupos delictivos, empresarios, particulares, políticos, es la peor herencia”.
Antonio Villegas Flores, coordinador del “Círculo de reflexión” y organizador del evento, indicó que han presentado el libro de Anabel Hernández en Puebla, Querétaro y Distrito Federal, y tuvieron que cancelar en Xalapa porque no se puede transitar por carretera debido a la inseguridad.
(nota de Patricia Mayorga en el sitio "proceso".)
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sábado, 23 de marzo de 2013
sábado, 1 de diciembre de 2012
Lee Anderson: Los pesos pesados de México
Guadalajara, Jal. – El periodista estadounidense Jon Lee Anderson, considerado uno de los mayores representantes del género de la crónica, dijo hoy que “Carlos Slim y el Chapo Guzmán son los dos únicos referentes interesantes del México contemporáneo”.
Slim es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, mientras que Joaquín “El Chapo” Guzmán lidera el cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México.Son “dos magnates contradictorios y complementarios: uno en la luz, el otro en las sombras”, afirmó Anderson.
En un encuentro con la prensa en el mayor encuentro literario del continente, el autor de “El che: una vida revolucionaria” dio su opinión sobre Enrique Peña Nieto, que asumirá mañana como presidente de México, de quien dijo “es todavía una persona muy poco interesante”.
“Ya veremos en unos años qué quiere hacer y qué piensa”, señaló sobre el político de 46 años, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El periodista nacido en California en 1957 presentará en Guadalajara su libro sobre África “La herencia colonial y otras maldiciones” (Sexto Piso) y participa en el VII Encuentro de periodistas organizado por la Universidad de Guadalajara.
Experto en temas de Medio Oriente y un gran conocedor de los avatares políticos de Latinoamérica, Anderson contó que muchos colegas le preguntan en México por qué no cubre la llamada guerra del narco que transcurre en este país, que ha dejado unos 60.000 muertos en el gobierno de seis años de Felipe Calderón.
“Esta no es una guerra convencional, por tanto no se cubre una manera convencional. No hay nadie en quien se pueda confiar. Se trata de una guerra criminal entre criminales, para la que no ayuda publicar esa especie de tabloidismo periodístico con muertos colgando de los puentes, con torsos desprendidos de sus cuerpos, tirados en el piso”, dijo.
“El único consejo que puedo dar en esta circunstancia a mis colegas periodistas es: escriban, escriban, escriban. Usen tacto, maña y cautela. Y si no pueden publicar para un medio local, traten de hacerlo en uno internacional resguardando la identidad. Si no pueden publicar en un medio extranjero, guarden sus escritos. Al menos quedarán como un documento histórico que ayudará a entender lo que pasó”.
Del tema de su libro reciente, África, dijo Anderson que es “un continente fascinante”, al que ha ido durante toda su vida, al tiempo que recomendó a los latinoamericanos que “no desprecien a África, pues no tienen derecho a sentirse mejores que los africanos. Ahora mismo hay más sangre y descuartizamientos en México que en algún país africano”.
“¿Dónde está la voz latinoamericana en la ONU? ¿Tiene Latinoamérica poder de veto en los grandes cónclaves internacionales? Si África no le importa a nadie, mucho menos importa Latinoamérica o Australia”, remarcó.
A propósito de las nuevas herramientas de la tecnología aplicadas al ejercicio del periodismo, Anderson se mostró convencido de “que el periodismo no ha cambiado esencialmente” y que se necesita “tanto del boletín informativo como del cronista”.
Su forma de trabajar, precisó, “es lenta y larga, con reportajes no más profundos sino más espesos” de los que puede llevar a cabo un periodista de diario.
(nota de Mónica Maristain, Dpa, sitio "sin embargo".)
En un encuentro con la prensa en el mayor encuentro literario del continente, el autor de “El che: una vida revolucionaria” dio su opinión sobre Enrique Peña Nieto, que asumirá mañana como presidente de México, de quien dijo “es todavía una persona muy poco interesante”.
“Ya veremos en unos años qué quiere hacer y qué piensa”, señaló sobre el político de 46 años, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El periodista nacido en California en 1957 presentará en Guadalajara su libro sobre África “La herencia colonial y otras maldiciones” (Sexto Piso) y participa en el VII Encuentro de periodistas organizado por la Universidad de Guadalajara.
Experto en temas de Medio Oriente y un gran conocedor de los avatares políticos de Latinoamérica, Anderson contó que muchos colegas le preguntan en México por qué no cubre la llamada guerra del narco que transcurre en este país, que ha dejado unos 60.000 muertos en el gobierno de seis años de Felipe Calderón.
“Esta no es una guerra convencional, por tanto no se cubre una manera convencional. No hay nadie en quien se pueda confiar. Se trata de una guerra criminal entre criminales, para la que no ayuda publicar esa especie de tabloidismo periodístico con muertos colgando de los puentes, con torsos desprendidos de sus cuerpos, tirados en el piso”, dijo.
“El único consejo que puedo dar en esta circunstancia a mis colegas periodistas es: escriban, escriban, escriban. Usen tacto, maña y cautela. Y si no pueden publicar para un medio local, traten de hacerlo en uno internacional resguardando la identidad. Si no pueden publicar en un medio extranjero, guarden sus escritos. Al menos quedarán como un documento histórico que ayudará a entender lo que pasó”.
Del tema de su libro reciente, África, dijo Anderson que es “un continente fascinante”, al que ha ido durante toda su vida, al tiempo que recomendó a los latinoamericanos que “no desprecien a África, pues no tienen derecho a sentirse mejores que los africanos. Ahora mismo hay más sangre y descuartizamientos en México que en algún país africano”.
“¿Dónde está la voz latinoamericana en la ONU? ¿Tiene Latinoamérica poder de veto en los grandes cónclaves internacionales? Si África no le importa a nadie, mucho menos importa Latinoamérica o Australia”, remarcó.
A propósito de las nuevas herramientas de la tecnología aplicadas al ejercicio del periodismo, Anderson se mostró convencido de “que el periodismo no ha cambiado esencialmente” y que se necesita “tanto del boletín informativo como del cronista”.
Su forma de trabajar, precisó, “es lenta y larga, con reportajes no más profundos sino más espesos” de los que puede llevar a cabo un periodista de diario.
(nota de Mónica Maristain, Dpa, sitio "sin embargo".)
martes, 13 de noviembre de 2012
Nicaragua retiene juicio vs Televisa
La posposición del juicio contra la banda de 18 mexicanos conocidos como los “falsos periodistas de Televisa” es una muestra clara de que existe el interés de las autoridades “de ganar tiempo para negociar”, opinó el investigador independiente en temas de seguridad pública, Roberto Orozco, en el programa televisivo Esta Noche.
Por su parte, el también experto en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, advirtió que en el proceso judicial es evidente que “hay una serie de huecos en los cargos por los que se acusa”, particularmente en lo referido a tráfico de drogas.
Cajina insistió en que la policía no logra profundizar en los fundamentos para procesar por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado a las 18 personas que el 20 de agosto pasado fueron retenidos en el punto fronterizo de Las Manos, cuando viajaban en seis unidades móviles con logotipos del emporio mexicano Televisa.
“Por lo menos en tráfico internacional de drogas está muy flojo, no hay evidencia real, lavado de dinero, sí, porque evidentemente ingresaron con 9.2 millones de dólares, y crimen organizado, por la amplitud que tiene este delito en el Código Penal de Nicaragua, pues sí, pero me parece que en cualquiera de los tres casos hay falta de sustento de pruebas”, remarcó Cajina.
Las preguntas que nadie responde
Alrededor de las grandes incógnitas que han surgido de este caso sobre cuántas veces transitaron por las fronteras nacionales, la cantidad de dinero trasegado y los puntos recorridos -que debieron quedar registrados en los sistemas de localización GPS (por sus siglas en Inglés)- , y si contaban con alguna protección de las autoridades, los expertos en seguridad vaticinaron que estas preguntas quedarán en el misterio.
“Primero porque si hay una investigación a fondo y si la Policía quiere realmente ir a fondo, lo primero que van a descubrir es que el sistema falló, y al descubrir que el sistema falla, tienen que ampliar el caso a una serie de funcionarios que están en la frontera, en Managua, en Rivas y el caso se volvería de una dimensión tan grande que tendrían que reconocer que hay por lo menos cooptación al nivel primario”, dijo Orozco. Y agregó que se trata de una posición política de reserva, de parte de la policía, “porque así seguimos siendo el país más seguro de Centroamérica y tenemos bajo control al crimen organizado”.
A los expertos les resulta inexplicable que las autoridades no hayan presentado la información recogida en los GPS que traza la ruta de la banda mexicana. Los GPS guardan los registros y es un asunto de lectura que no requiere de mayor instrumento tecnológico para saber cuáles fueron los puntos recorridos por la “caravana de Televisa”, dijo Orozco. En consecuencia, la Policía Nacional sabe cuáles fueron los puntos por donde estuvieron los 18 mexicanos antes de entrar al país, “pero no ha querido decir porque hay un obstáculo que les impide a ellos decir cuál es la ruta. Algo dio la investigación, con algo muy importante, que es donde está parado el asunto” conjeturó Orozco.
En tanto, Roberto Cajina recordó que en Nicaragua se supo cuántas veces entró y salió la banda de “Los falsos Televisa”, por los reportes de Migración de Costa Rica, mientras “Migración de Nicaragua no ha abierto la boca, la Policía (permanece) hermética; Aduana y la Dirección de Información para la Defensa, que pertenece al Ejército de Nicaragua, tampoco ha dicho nada”, cuestionó el analista de seguridad.
Adicionalmente, los expertos formularon otras preguntas que tampoco se han respondido en esta investigación: ¿Nicaragua ha solicitado a México la profundización de estas investigaciones? ¿Dónde están las solicitudes y los exhortos que Nicaragua ha mandado? ¿Qué es lo que Nicaragua le ha pedido a Interpol para aclarar internacionalmente este caso?
Lo esperado en el juicio
Pese a los nubarrones del proceso judicial que conduce el juez Edgar Altamirano, quien postergó sorpresivamente el juicio para el próximo 10 de diciembre, Orozco se adelantó a opinar que el veredicto esperado es una sentencia condenatoria por lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas.
Consideraron que en la sentencia prevalecerán los intereses particulares, sobre todo el interés de quedarse con los 9.2 millones de dólares incautados. “El Estado de Nicaragua quiere administrar ese dinero y ya el presidente Ortega dijo que lo iban a poner a disposición para crear nuevas cárceles… también hay un interés de distribuir las seis camionetas dotadas con equipos de televisión y antenas satelitales, cuyo valor de mercado ronda los 500 mil dólares cada una”, resumió Orozco.
“Si la ley se cumpliera, (los 9.2 millones de dólares y las seis vans) deberían estar temporalmente en un estado de resguardo. Con sentencia definitiva, se procede a la distribución real”, un procedimiento que de acuerdo con la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, la tendría que hacer la Unidad Administradora de Bienes Incautados; “que como dicha unidad no se ha nombrado, el presidente Ortega dispone ilegalmente de esos 9.2 millones de dólares”.
“Esa distribución de bienes que hace Ortega es ilegal, porque hacer esa distribución solo le corresponde a esa Unidad que existe solo en el papel” insitió Cajina.
En relación con las unidades móviles, son vehículos que deberían ser subastados por la misma Unidad de bienes incautados y que el dinero pase a las instituciones, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, acotó Orozco.
En este caso, “bajo lo real y no lo formal, estamos claros que esas camionetas no van ni para la Policía, ni para la Fiscalía, ni para el Ejército”, coincidieron los investigadores, aunque tampoco se arriesgaron a afirmar cuál será el destino de los costosos vehículos.
(nota calcada del sitio Confidencial.)
Por su parte, el también experto en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, advirtió que en el proceso judicial es evidente que “hay una serie de huecos en los cargos por los que se acusa”, particularmente en lo referido a tráfico de drogas.
Cajina insistió en que la policía no logra profundizar en los fundamentos para procesar por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado a las 18 personas que el 20 de agosto pasado fueron retenidos en el punto fronterizo de Las Manos, cuando viajaban en seis unidades móviles con logotipos del emporio mexicano Televisa.
“Por lo menos en tráfico internacional de drogas está muy flojo, no hay evidencia real, lavado de dinero, sí, porque evidentemente ingresaron con 9.2 millones de dólares, y crimen organizado, por la amplitud que tiene este delito en el Código Penal de Nicaragua, pues sí, pero me parece que en cualquiera de los tres casos hay falta de sustento de pruebas”, remarcó Cajina.
Las preguntas que nadie responde
Alrededor de las grandes incógnitas que han surgido de este caso sobre cuántas veces transitaron por las fronteras nacionales, la cantidad de dinero trasegado y los puntos recorridos -que debieron quedar registrados en los sistemas de localización GPS (por sus siglas en Inglés)- , y si contaban con alguna protección de las autoridades, los expertos en seguridad vaticinaron que estas preguntas quedarán en el misterio.
“Primero porque si hay una investigación a fondo y si la Policía quiere realmente ir a fondo, lo primero que van a descubrir es que el sistema falló, y al descubrir que el sistema falla, tienen que ampliar el caso a una serie de funcionarios que están en la frontera, en Managua, en Rivas y el caso se volvería de una dimensión tan grande que tendrían que reconocer que hay por lo menos cooptación al nivel primario”, dijo Orozco. Y agregó que se trata de una posición política de reserva, de parte de la policía, “porque así seguimos siendo el país más seguro de Centroamérica y tenemos bajo control al crimen organizado”.
A los expertos les resulta inexplicable que las autoridades no hayan presentado la información recogida en los GPS que traza la ruta de la banda mexicana. Los GPS guardan los registros y es un asunto de lectura que no requiere de mayor instrumento tecnológico para saber cuáles fueron los puntos recorridos por la “caravana de Televisa”, dijo Orozco. En consecuencia, la Policía Nacional sabe cuáles fueron los puntos por donde estuvieron los 18 mexicanos antes de entrar al país, “pero no ha querido decir porque hay un obstáculo que les impide a ellos decir cuál es la ruta. Algo dio la investigación, con algo muy importante, que es donde está parado el asunto” conjeturó Orozco.
En tanto, Roberto Cajina recordó que en Nicaragua se supo cuántas veces entró y salió la banda de “Los falsos Televisa”, por los reportes de Migración de Costa Rica, mientras “Migración de Nicaragua no ha abierto la boca, la Policía (permanece) hermética; Aduana y la Dirección de Información para la Defensa, que pertenece al Ejército de Nicaragua, tampoco ha dicho nada”, cuestionó el analista de seguridad.
Adicionalmente, los expertos formularon otras preguntas que tampoco se han respondido en esta investigación: ¿Nicaragua ha solicitado a México la profundización de estas investigaciones? ¿Dónde están las solicitudes y los exhortos que Nicaragua ha mandado? ¿Qué es lo que Nicaragua le ha pedido a Interpol para aclarar internacionalmente este caso?
Lo esperado en el juicio
Pese a los nubarrones del proceso judicial que conduce el juez Edgar Altamirano, quien postergó sorpresivamente el juicio para el próximo 10 de diciembre, Orozco se adelantó a opinar que el veredicto esperado es una sentencia condenatoria por lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas.
Consideraron que en la sentencia prevalecerán los intereses particulares, sobre todo el interés de quedarse con los 9.2 millones de dólares incautados. “El Estado de Nicaragua quiere administrar ese dinero y ya el presidente Ortega dijo que lo iban a poner a disposición para crear nuevas cárceles… también hay un interés de distribuir las seis camionetas dotadas con equipos de televisión y antenas satelitales, cuyo valor de mercado ronda los 500 mil dólares cada una”, resumió Orozco.
“Si la ley se cumpliera, (los 9.2 millones de dólares y las seis vans) deberían estar temporalmente en un estado de resguardo. Con sentencia definitiva, se procede a la distribución real”, un procedimiento que de acuerdo con la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, la tendría que hacer la Unidad Administradora de Bienes Incautados; “que como dicha unidad no se ha nombrado, el presidente Ortega dispone ilegalmente de esos 9.2 millones de dólares”.
“Esa distribución de bienes que hace Ortega es ilegal, porque hacer esa distribución solo le corresponde a esa Unidad que existe solo en el papel” insitió Cajina.
En relación con las unidades móviles, son vehículos que deberían ser subastados por la misma Unidad de bienes incautados y que el dinero pase a las instituciones, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, acotó Orozco.
En este caso, “bajo lo real y no lo formal, estamos claros que esas camionetas no van ni para la Policía, ni para la Fiscalía, ni para el Ejército”, coincidieron los investigadores, aunque tampoco se arriesgaron a afirmar cuál será el destino de los costosos vehículos.
(nota calcada del sitio Confidencial.)
miércoles, 16 de mayo de 2012
Atentados en Zacatecas
Zacatecas, Zac.- Un convoy de presuntos sicarios a bordo de varios vehículos atacó esta mañana al director de Seguridad Pública de Jerez y rafagueó la comandancia de esta corporación.
Al intentar acudir en auxilio de los preventivos, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se desplomó; el titular de la dependencia, el general Jesús Pinto, resultó lesionado y fue trasladado a la Zona Militar.
La agresión ocurrió poco antes de las 9:00 horas.
De acuerdo con testimonios que dos policías de Jerez dieron a los reporteros, el convoy persiguió al director de la Preventiva, el teniente coronel Joaquín Esquivel Guzmán hasta la comandancia y ahí se refugió –presumiblemente herido– pero los sicarios llegaron y rafaguearon el edificio.
Según los agentes, al menos dos policías habrían resultado heridos y otros lograron correr. Posteriormente se implementó un operativo en el que participaron la Policía Estatal, la Ministerial y fuerzas federales y armadas, en los tramos carreteros entre la capital, Jerez y Fresnillo, donde se dio un enfrentamiento y se logró asegurar tres vehículos.
El reporte oficial de la Procuraduría de Justicia es de un policía preventivo herido y una mujer detenida, al parecer involucrada en el ataque.
Según el reporte, fueron sicarios en nueve vehículos los que llegaron hasta la comandancia de Jerez y posteriormente se dirigieron rumbo a Fresnillo.
Hasta el momento el operativo continúa en esa zona en busca de los agresores.
(Desde hace dos semanas el alcalde de Jerez confesó a la prensa que había decretado el toque de queda a partir de las 22 horas por la violencia e inseguridad que priva en el municipio, distante 60 kilómetros de la capital del Estado. Por su lado, las autoridades de Turismo sostienen que el visitante foráneo dejó una importante derrama económica durante la Semana Santa, aunque Ejército y policía federal mantienen sitiada la entidad. Nota en Apro en línea.)
Al intentar acudir en auxilio de los preventivos, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se desplomó; el titular de la dependencia, el general Jesús Pinto, resultó lesionado y fue trasladado a la Zona Militar.
La agresión ocurrió poco antes de las 9:00 horas.
De acuerdo con testimonios que dos policías de Jerez dieron a los reporteros, el convoy persiguió al director de la Preventiva, el teniente coronel Joaquín Esquivel Guzmán hasta la comandancia y ahí se refugió –presumiblemente herido– pero los sicarios llegaron y rafaguearon el edificio.
Según los agentes, al menos dos policías habrían resultado heridos y otros lograron correr. Posteriormente se implementó un operativo en el que participaron la Policía Estatal, la Ministerial y fuerzas federales y armadas, en los tramos carreteros entre la capital, Jerez y Fresnillo, donde se dio un enfrentamiento y se logró asegurar tres vehículos.
El reporte oficial de la Procuraduría de Justicia es de un policía preventivo herido y una mujer detenida, al parecer involucrada en el ataque.
Según el reporte, fueron sicarios en nueve vehículos los que llegaron hasta la comandancia de Jerez y posteriormente se dirigieron rumbo a Fresnillo.
Hasta el momento el operativo continúa en esa zona en busca de los agresores.
(Desde hace dos semanas el alcalde de Jerez confesó a la prensa que había decretado el toque de queda a partir de las 22 horas por la violencia e inseguridad que priva en el municipio, distante 60 kilómetros de la capital del Estado. Por su lado, las autoridades de Turismo sostienen que el visitante foráneo dejó una importante derrama económica durante la Semana Santa, aunque Ejército y policía federal mantienen sitiada la entidad. Nota en Apro en línea.)
viernes, 24 de febrero de 2012
Guerra FCH, categoría 5
Berlín.- Por segundo año consecutivo, la escalada de violencia derivada de la batalla emprendida por el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico colocó a México en una virtual categoría de “guerra”.
De acuerdo con el Barómetro de Conflictos 2011, elaborado por el reconocido Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg, Alemania, México es el único país del continente americano que mantiene una guerra interna, cuya intensidad alcanza el nivel 5, el más elevado del Barómetro, y que se equipara a conflictos como los que se vivieron el año pasado en Nigeria, Somalia, Sudán, Myanmar, Pakistán, Afganistán, Egipto, Irak, Libia, Siria, Turquía o Yemen.
De hecho, no sólo México, sino el mundo entero enfrentó, el año pasado, un grado de violencia como no se veía desde 1945. En 2010, se desataron seis guerras y en 2011 el número creció a 20.
“Con un total de 20, el número de guerras alcanzó los niveles más altos de todos los tiempos desde el inicio del periodo de observación, que es desde 1945”, señala el documento.
Así, de los 388 conflictos observados por los investigadores alemanes durante 2011 –18 más respecto al año anterior—, 20 tuvieron categoría de guerra y 18 se ubicaron al “límite de la guerra”. Esto arroja la desoladora cifra de 38 conflictos mundiales altamente violentos, algunos de ellos ubicados en el contexto de la denominada “Primavera árabe”.
El Barómetro de Conflictos de la Universidad de Heidelberg se publica de forma anual desde 1992 y ha alcanzado un importante prestigio a nivel mundial en el ámbito académico.
Para el caso mexicano, el Barómetro 2011 registra seis conflictos, dos de los cuales se catalogan como conflictos violentos de alta intensidad. El primero, la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, se mantiene –respecto al 2010– en nivel 5 con carácter de guerra; en tanto que el segundo, la violencia generada entre sí por los cárteles y con grupos paramilitares, alcanza el nivel 4 de intensidad, es decir, se trata de un conflicto “al borde de la guerra”.
“México enfrenta dos conflictos distintos. Por un lado, la guerra iniciada por el gobierno contra los cárteles de la droga y por otro, la guerra entre los cárteles y grupos paramilitares. Ambos conflictos se han exacerbado con el uso de armas automáticas adquiridas en Estados Unidos. Esa situación ha afectado a Estados Unidos de tal forma que el Departamento de Estado de ese país declaró a los cárteles de la droga mexicanos como la mayor amenaza para su seguridad nacional”, explica el documento de 116 páginas.
En el recuento de hechos, los investigadores destacan, por un lado, el incremento sustancial de personal militar y de la Policía Federal desplegado en al menos 15 de las 32 entidades del país y, por otro lado, la división de los propios cárteles y la “aparición de más de 150 grupos paramilitares”, entre los que destacan los “Matazetas”. La violencia generada por todos estos actores, dan como resultado que en el 2011 haya habido, cuando menos, 12 mil nuevos muertos.
Los otros cuatro conflictos con los que aparece México en el Barómetro 2011 son los que aún sostiene el gobierno mexicano con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y con la oposición.
En el caso de la APPO, el estudio sostiene que el nivel de violencia se mantiene en un rango de 3, que significa crisis violenta de mediana intensidad, pese a la llegada al poder de Gabino Cué, quien contó con el respaldo de la agrupación.
En cuanto al conflicto entre el gobierno y el EZLN si bien su nivel de intensidad se redujo a 2, esto es, crisis no violenta de baja intensidad, los investigadores alemanes destacan las acusaciones que hacen los zapatistas contra los gobiernos federal y estatal de apoyar y financiar a fuerzas paramilitares en actos criminales contra grupos indígenas.
Finalmente, respecto a los conflictos latentes entre el gobierno y el EPR y la oposición, el Barómetro no los describe ni analiza, sólo los enuncia.
(Se duda que alguien sobreviva al fin del sexenio de Calderón Hinojosa y alcance a cerrar la puerta. Si alguien conoce a su hermana Cocoa o a Margarita su mujer, les avisan que lo hagan. Nota tomada de Apro, agencia de Proceso.)
De acuerdo con el Barómetro de Conflictos 2011, elaborado por el reconocido Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg, Alemania, México es el único país del continente americano que mantiene una guerra interna, cuya intensidad alcanza el nivel 5, el más elevado del Barómetro, y que se equipara a conflictos como los que se vivieron el año pasado en Nigeria, Somalia, Sudán, Myanmar, Pakistán, Afganistán, Egipto, Irak, Libia, Siria, Turquía o Yemen.
De hecho, no sólo México, sino el mundo entero enfrentó, el año pasado, un grado de violencia como no se veía desde 1945. En 2010, se desataron seis guerras y en 2011 el número creció a 20.
“Con un total de 20, el número de guerras alcanzó los niveles más altos de todos los tiempos desde el inicio del periodo de observación, que es desde 1945”, señala el documento.
Así, de los 388 conflictos observados por los investigadores alemanes durante 2011 –18 más respecto al año anterior—, 20 tuvieron categoría de guerra y 18 se ubicaron al “límite de la guerra”. Esto arroja la desoladora cifra de 38 conflictos mundiales altamente violentos, algunos de ellos ubicados en el contexto de la denominada “Primavera árabe”.
El Barómetro de Conflictos de la Universidad de Heidelberg se publica de forma anual desde 1992 y ha alcanzado un importante prestigio a nivel mundial en el ámbito académico.
Para el caso mexicano, el Barómetro 2011 registra seis conflictos, dos de los cuales se catalogan como conflictos violentos de alta intensidad. El primero, la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, se mantiene –respecto al 2010– en nivel 5 con carácter de guerra; en tanto que el segundo, la violencia generada entre sí por los cárteles y con grupos paramilitares, alcanza el nivel 4 de intensidad, es decir, se trata de un conflicto “al borde de la guerra”.
“México enfrenta dos conflictos distintos. Por un lado, la guerra iniciada por el gobierno contra los cárteles de la droga y por otro, la guerra entre los cárteles y grupos paramilitares. Ambos conflictos se han exacerbado con el uso de armas automáticas adquiridas en Estados Unidos. Esa situación ha afectado a Estados Unidos de tal forma que el Departamento de Estado de ese país declaró a los cárteles de la droga mexicanos como la mayor amenaza para su seguridad nacional”, explica el documento de 116 páginas.
En el recuento de hechos, los investigadores destacan, por un lado, el incremento sustancial de personal militar y de la Policía Federal desplegado en al menos 15 de las 32 entidades del país y, por otro lado, la división de los propios cárteles y la “aparición de más de 150 grupos paramilitares”, entre los que destacan los “Matazetas”. La violencia generada por todos estos actores, dan como resultado que en el 2011 haya habido, cuando menos, 12 mil nuevos muertos.
Los otros cuatro conflictos con los que aparece México en el Barómetro 2011 son los que aún sostiene el gobierno mexicano con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y con la oposición.
En el caso de la APPO, el estudio sostiene que el nivel de violencia se mantiene en un rango de 3, que significa crisis violenta de mediana intensidad, pese a la llegada al poder de Gabino Cué, quien contó con el respaldo de la agrupación.
En cuanto al conflicto entre el gobierno y el EZLN si bien su nivel de intensidad se redujo a 2, esto es, crisis no violenta de baja intensidad, los investigadores alemanes destacan las acusaciones que hacen los zapatistas contra los gobiernos federal y estatal de apoyar y financiar a fuerzas paramilitares en actos criminales contra grupos indígenas.
Finalmente, respecto a los conflictos latentes entre el gobierno y el EPR y la oposición, el Barómetro no los describe ni analiza, sólo los enuncia.
(Se duda que alguien sobreviva al fin del sexenio de Calderón Hinojosa y alcance a cerrar la puerta. Si alguien conoce a su hermana Cocoa o a Margarita su mujer, les avisan que lo hagan. Nota tomada de Apro, agencia de Proceso.)
viernes, 22 de julio de 2011
COAHUILA: EN CARNE VIVA
La incertidumbre significa estar muerto en vida. Es distinta a la ignorancia; es cierto, lo que no se sabe no hace daño, pero lo que se intuye, se percibe, lo que es posible pero no probable, es como un disparo con .22, que destroza todo por dentro, pero deja incólume el cerebro, la razón, el hálito.
Inicié el esfuerzo por imaginar y escribir una novela sobre los secuestrados. Ésta se transformó en una investigación sobre los desaparecidos, que ha transido mi equivocada percepción de la realidad. El dolor es imperecedero. Transcribo el correo electrónico de María Guadalupe Fernández Martínez, madre de un desaparecido. Pronto aprendí a admirarla, a respetarla:
Le agradezco mucho toda la información que me envía, y me disculpo porque el tiempo es devastador para nosotros en la cuestión emocional.
No recuerdo si le platiqué que estamos en un grupo de “padres en duelo”, con una reunión semanal de autoayuda; en verdad nos ha ayudado mucho, somos la excepción, porque nuestro hijo está desaparecido, no muerto. Cuánta razón tienen en afirmar que si el primer año es difícil después de una muerte, el segundo es peor, y así ha sido; mi hijo, en enero, cumplió 2 años de dolorosa ausencia.
El primer año está uno en shock, y éste puede durar todos los meses; el transitar es tan doloroso, que preferimos doparnos, y nos sirve, pero en el segundo año, ya estamos viviendo y sintiendo en carne viva todo: la ineptitud de las autoridades procuradoras de justicia de los 3 órdenes de gobierno; la voz acallada a mazazos en la cabeza por las mismas autoridades, quienes insisten en afirmar que no existen tantos desaparecidos en México; la desesperanza, la fe, a veces perdida, en Dios; la impunidad, la terrible corrupción y colusión entre la delincuencia organizada y los gobiernos, que son un coto de poder impenetrable; sobre ello, la salud resquebrajada, con un sistema inmunológico débil, a expensas de cualquier enfermedad.
Además, el mes pasado fue la celebración del día del padre, y el 29 de junio otro cumpleaños de mi hijo, tendría o tiene 35 años de edad, pero mi marido y yo estamos sin ánimo para nada, sólo el necesario para no dejar de acudir a la PGR, a la SIEDO, seguir el día a día de las investigaciones, sin llevarnos a encontrar el paradero de nuestro hijo, a pesar de estar ya en la cárcel 2 ex compañeros de trabajo de Ica Fluor Daniels Monclova y otras 3 personas más implicadas en su secuestro, desde principios de marzo de 2011, gracias al compromiso de la maestra Marisela Morales, a quien empezamos a ver en diciembre de 2010.
Seguimos involucrados en las resoluciones de los jueces, a uno de ellos acudimos a verlo, se trata deRoberto Hoyos Aponte, juez sexto de Distrito con sede en Toluca, quien retiró 3 cargos a uno de los detenidos y sólo dejó uno, por presión no sé si de Ica o de sus abogados, el estar atentos a los posibles amparos, a que no quede absuelto el mejor librado, a preguntarles dónde está mi hijo y a que detengan a los que faltan.
Perdón Gregorio Ortega, este es un mensaje catártico para mí, Dios quiera que usted y su familia estén gozando de bienestar, un cordial saludo de María Guadalupe Fernández Martínez
¿Cómo puede uno condolerse? ¿Qué puede decirse? ¿Después de lo sabido, es posible creer en el discurso presidencial, en los 10 mitos de Alejandro Poiré, en la telenovela de Genaro García Luna? Las cifras son elocuentes, nadie las desmiente. El dolor está presente, nadie es capaz de aliviarlo, porque ensoberbecidos proceden a limpiar el tiradero, necesitan organizar la sucesión presidencial y suplicar, de rodillas y en peregrinación al bunker del PAN antes que a la basílica de Guadalupe, que pronto se olviden de ellos, después que tanto daño hicieron, empezando por el causado por su cómplice Elba Esther Gordillo.
La verdad pronto se sabrá y podrá constatarse, a pesar de las conciencias y las plumas compradas, que sin pensarlo les darán la espalda pare ver de frente al nuevo sol. De la crónica de La Jornada del diálogo en el alcázar, se queda en el caletre lo siguiente: “Mi nombre es Yolanda Morán, vengo de Torreón. Mi hijo desapareció hace dos años, seis meses y cuatro días, tiene 34 años y es padre de cuatro hijos. No se le puede llamar baja colateral. Es mi hijo, uno más de los 185 desaparecidos en Coahuila, ninguno rescatado y cada día desaparecen más. No se apellidan Martí, ni Wallace, ni Fernández de Cevallos, pero los amamos igual… No los den por muertos, no los busquen en fosas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Del mismo medio impreso, rescatamos información constatable y publicada hace unos meses: “De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, se han reportado en instalaciones militares del país 18 mil 491 levantones. Sin embargo, no se tiene confirmación de la posterior liberación o muerte de los afectados. Las autoridades civiles prácticamente no cuentan con un registro de estos casos, y únicamente las procuradurías de los estados de México, Coahuila y Morelos llevan una contabilidad de estos hechos.
“Por parte del gobierno federal no existe un registro de levantones; sin embargo, fuentes castrenses que pidieron el anonimato revelaron que en lo que va de esta administración, en instalaciones militares se avisa de estos hechos, pero son casos que solamente se contabilizan como secuestros”.
El último miércoles 13 de julio estuvo en el Distrito Federal el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, para encabezar la peregrinación de los coahuilenses a la basílica de Guadalupe, donde después de oficiar el sacramento de la misa, concedió entrevistas a los reporteros, a quienes aseguró que el clima de inseguridad ha llegado a tales niveles en Coahuila, que las bandas de narcotraficantes reclutan a niños para que trabajen como halcones (informadores).
Indicó que a este fenómeno se suman las desapariciones forzadas y las ejecuciones en el estado que -insiste- ya se cuentan por cientos sólo en los primeros seis meses de este año, sin que se perfile alguna solución a la situación que prevalece, no sólo en esa entidad, sino en casi la mayor parte del país.
“En Coahuila, en los últimos seis meses, según el recuento de un diario de Saltillo, tenemos 300 ejecuciones. La Procuraduría General de la República (PGR), en su página web, reporta de 2006 al año pasado 654 muertes en hechos violentos en la entidad. El centro de derechos humanos de la diócesis local tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en el estado y las autoridades han recibido 219 denuncias por ese delito”, puntualizó.
¿Será todo comprobable? ¿Puede un obispo mentir, o son Felipe Calderón y Alejandro Poiré quienes no se tientan el corazón y, con absoluto desparpajo, faltan a la verdad? La crisis en la que dejan a la nación, las autoridades federales, y en la que dejan a esa entidad federativa los hermanos Moreira, es sin parangón. Creo, a fin de cuentas, que lo iniciado por Julián Le Barón y Javier Sicilia, en realidad, apenas es una chispa de la que puede brotar fuego nuevo; obviamente el camino es largo, posiblemente sea cruento, pero si prevalecen la razón y la República, la transición pronto iniciará.
(Crónica de Gregorio Ortega, clonada del diario on line Eje Central.)
Inicié el esfuerzo por imaginar y escribir una novela sobre los secuestrados. Ésta se transformó en una investigación sobre los desaparecidos, que ha transido mi equivocada percepción de la realidad. El dolor es imperecedero. Transcribo el correo electrónico de María Guadalupe Fernández Martínez, madre de un desaparecido. Pronto aprendí a admirarla, a respetarla:
Le agradezco mucho toda la información que me envía, y me disculpo porque el tiempo es devastador para nosotros en la cuestión emocional.
No recuerdo si le platiqué que estamos en un grupo de “padres en duelo”, con una reunión semanal de autoayuda; en verdad nos ha ayudado mucho, somos la excepción, porque nuestro hijo está desaparecido, no muerto. Cuánta razón tienen en afirmar que si el primer año es difícil después de una muerte, el segundo es peor, y así ha sido; mi hijo, en enero, cumplió 2 años de dolorosa ausencia.
El primer año está uno en shock, y éste puede durar todos los meses; el transitar es tan doloroso, que preferimos doparnos, y nos sirve, pero en el segundo año, ya estamos viviendo y sintiendo en carne viva todo: la ineptitud de las autoridades procuradoras de justicia de los 3 órdenes de gobierno; la voz acallada a mazazos en la cabeza por las mismas autoridades, quienes insisten en afirmar que no existen tantos desaparecidos en México; la desesperanza, la fe, a veces perdida, en Dios; la impunidad, la terrible corrupción y colusión entre la delincuencia organizada y los gobiernos, que son un coto de poder impenetrable; sobre ello, la salud resquebrajada, con un sistema inmunológico débil, a expensas de cualquier enfermedad.
Además, el mes pasado fue la celebración del día del padre, y el 29 de junio otro cumpleaños de mi hijo, tendría o tiene 35 años de edad, pero mi marido y yo estamos sin ánimo para nada, sólo el necesario para no dejar de acudir a la PGR, a la SIEDO, seguir el día a día de las investigaciones, sin llevarnos a encontrar el paradero de nuestro hijo, a pesar de estar ya en la cárcel 2 ex compañeros de trabajo de Ica Fluor Daniels Monclova y otras 3 personas más implicadas en su secuestro, desde principios de marzo de 2011, gracias al compromiso de la maestra Marisela Morales, a quien empezamos a ver en diciembre de 2010.
Seguimos involucrados en las resoluciones de los jueces, a uno de ellos acudimos a verlo, se trata deRoberto Hoyos Aponte, juez sexto de Distrito con sede en Toluca, quien retiró 3 cargos a uno de los detenidos y sólo dejó uno, por presión no sé si de Ica o de sus abogados, el estar atentos a los posibles amparos, a que no quede absuelto el mejor librado, a preguntarles dónde está mi hijo y a que detengan a los que faltan.
Perdón Gregorio Ortega, este es un mensaje catártico para mí, Dios quiera que usted y su familia estén gozando de bienestar, un cordial saludo de María Guadalupe Fernández Martínez
¿Cómo puede uno condolerse? ¿Qué puede decirse? ¿Después de lo sabido, es posible creer en el discurso presidencial, en los 10 mitos de Alejandro Poiré, en la telenovela de Genaro García Luna? Las cifras son elocuentes, nadie las desmiente. El dolor está presente, nadie es capaz de aliviarlo, porque ensoberbecidos proceden a limpiar el tiradero, necesitan organizar la sucesión presidencial y suplicar, de rodillas y en peregrinación al bunker del PAN antes que a la basílica de Guadalupe, que pronto se olviden de ellos, después que tanto daño hicieron, empezando por el causado por su cómplice Elba Esther Gordillo.
La verdad pronto se sabrá y podrá constatarse, a pesar de las conciencias y las plumas compradas, que sin pensarlo les darán la espalda pare ver de frente al nuevo sol. De la crónica de La Jornada del diálogo en el alcázar, se queda en el caletre lo siguiente: “Mi nombre es Yolanda Morán, vengo de Torreón. Mi hijo desapareció hace dos años, seis meses y cuatro días, tiene 34 años y es padre de cuatro hijos. No se le puede llamar baja colateral. Es mi hijo, uno más de los 185 desaparecidos en Coahuila, ninguno rescatado y cada día desaparecen más. No se apellidan Martí, ni Wallace, ni Fernández de Cevallos, pero los amamos igual… No los den por muertos, no los busquen en fosas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Del mismo medio impreso, rescatamos información constatable y publicada hace unos meses: “De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, se han reportado en instalaciones militares del país 18 mil 491 levantones. Sin embargo, no se tiene confirmación de la posterior liberación o muerte de los afectados. Las autoridades civiles prácticamente no cuentan con un registro de estos casos, y únicamente las procuradurías de los estados de México, Coahuila y Morelos llevan una contabilidad de estos hechos.
“Por parte del gobierno federal no existe un registro de levantones; sin embargo, fuentes castrenses que pidieron el anonimato revelaron que en lo que va de esta administración, en instalaciones militares se avisa de estos hechos, pero son casos que solamente se contabilizan como secuestros”.
El último miércoles 13 de julio estuvo en el Distrito Federal el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, para encabezar la peregrinación de los coahuilenses a la basílica de Guadalupe, donde después de oficiar el sacramento de la misa, concedió entrevistas a los reporteros, a quienes aseguró que el clima de inseguridad ha llegado a tales niveles en Coahuila, que las bandas de narcotraficantes reclutan a niños para que trabajen como halcones (informadores).
Indicó que a este fenómeno se suman las desapariciones forzadas y las ejecuciones en el estado que -insiste- ya se cuentan por cientos sólo en los primeros seis meses de este año, sin que se perfile alguna solución a la situación que prevalece, no sólo en esa entidad, sino en casi la mayor parte del país.
“En Coahuila, en los últimos seis meses, según el recuento de un diario de Saltillo, tenemos 300 ejecuciones. La Procuraduría General de la República (PGR), en su página web, reporta de 2006 al año pasado 654 muertes en hechos violentos en la entidad. El centro de derechos humanos de la diócesis local tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en el estado y las autoridades han recibido 219 denuncias por ese delito”, puntualizó.
¿Será todo comprobable? ¿Puede un obispo mentir, o son Felipe Calderón y Alejandro Poiré quienes no se tientan el corazón y, con absoluto desparpajo, faltan a la verdad? La crisis en la que dejan a la nación, las autoridades federales, y en la que dejan a esa entidad federativa los hermanos Moreira, es sin parangón. Creo, a fin de cuentas, que lo iniciado por Julián Le Barón y Javier Sicilia, en realidad, apenas es una chispa de la que puede brotar fuego nuevo; obviamente el camino es largo, posiblemente sea cruento, pero si prevalecen la razón y la República, la transición pronto iniciará.
(Crónica de Gregorio Ortega, clonada del diario on line Eje Central.)
martes, 24 de mayo de 2011
NARCOS CALIDAD EXPORTACIÓN
Las autoridades de Guatemala han detenido hoy al supuesto jefe del cartel de Los Zetas que encabezó la matanza de 27 campesinos el pasado 13 de mayo en el norte del país. El guatemalteco Elder Estuardo Morales, alias El Pelón, ha sido arrestado en la ciudad de San Benito, en el departamento norteño de Petén, cerca de donde ocurrió la masacre. "Al parecer esta persona fue la responsable de dirigir al grupo que asesinó a los campesinos", ha confirmado el presidente Álvaro Colom a los periodistas.
Morales es, según las fuerzas de seguridad, un "alto mando" en la estructura del grupo Z 200, la banda de pistoleros de Los Zetas a la que las autoridades atribuyen el asesinato de los 27 labriegos, entre los que había dos mujeres, en la finca Los Cocos, a 630 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala, el pasado 13 de mayo. Según las investigaciones de las autoridades, los asesinados eran braceros en la finca del guatemalteco Otoniel Salguero, cuyo paradero se desconoce desde el día de la matanza y al que se vincula con el narcotráfico.
Colom ha explicado que la captura de Morales fue posible gracias "al importante trabajo" de los agentes de inteligencia del Estado que trabajan en Petén, departamento regional que desde la semana pasada permanece en estado de sitio para facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad en persecución de los asesinos. El presidente guatemalteco ha reconocido en una entrevista con este diario que "el narcotráfico ha invadido el país".
Morales será trasladado a la capital guatemalteca hoy mismo bajo fuertes medidas de seguridad, y será puesto a disposición de los tribunales.
Paralelamente, el Ministerio del Interior ha confirmado la detención de tres mexicanos y dos guatemaltecos, integrantes de Los Zetas, que supuestamente también participaron de la matanza. El ministro guatemalteco del Interior, Carlos Menocal, ha dicho a la prensa que las detenciones se realizaron durante varios allanamientos efectuados por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Huehuetenango, a 280 kilómetros al norte de la capital.
En busca de los asesinos
En las últimas dos semanas las fuerzas de seguridad de Guatemala han capturado a una veintena de supuestos miembros de Los Zetas, en diversos operativos en varias ciudades del país, en el que este cartel mexicano ha conseguido emplazar sus operaciones de crimen organizado. Menocal ha reconocido que el departamento de Huehuetanango, fronterizo con México, es uno de los centros de operaciones del grupo criminal mexicano.
Asimismo, la policía guatemalteca ha informado del hallazgo de un cadáver descuartizado de un auxiliar de la Fiscalía de Cobán, también en el norte del país, con un mensaje firmado por Z 200. La víctima es Allan Vidaurre, de 36 años, secuestrado el lunes en la noche cuando salía de la sede de la Fiscalía. Menocal ha dicho que las sospechas apuntan a que se trató de una venganza, después del decomiso en marzo pasado de media tonelada de cocaína en el departamento de Alta Verapaz, fronterizo con México.
(Mientras en México las autoridades de Sinaloa salen con su batea de babas de prohibir los narcocorridos y vetar el uso de minifaldas, mientras Genaro García Luna recibe una medalla en Colombia y los diputados amenazan con prohbirle su uso, en Guatemala Álvaro Colom decide extirpar la metástasis exportada desde este país postrado por la violencia y los "daños colaterales". Nota de Efe retomada por El País y aquí reproducida .)
Morales es, según las fuerzas de seguridad, un "alto mando" en la estructura del grupo Z 200, la banda de pistoleros de Los Zetas a la que las autoridades atribuyen el asesinato de los 27 labriegos, entre los que había dos mujeres, en la finca Los Cocos, a 630 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala, el pasado 13 de mayo. Según las investigaciones de las autoridades, los asesinados eran braceros en la finca del guatemalteco Otoniel Salguero, cuyo paradero se desconoce desde el día de la matanza y al que se vincula con el narcotráfico.
Colom ha explicado que la captura de Morales fue posible gracias "al importante trabajo" de los agentes de inteligencia del Estado que trabajan en Petén, departamento regional que desde la semana pasada permanece en estado de sitio para facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad en persecución de los asesinos. El presidente guatemalteco ha reconocido en una entrevista con este diario que "el narcotráfico ha invadido el país".
Morales será trasladado a la capital guatemalteca hoy mismo bajo fuertes medidas de seguridad, y será puesto a disposición de los tribunales.
Paralelamente, el Ministerio del Interior ha confirmado la detención de tres mexicanos y dos guatemaltecos, integrantes de Los Zetas, que supuestamente también participaron de la matanza. El ministro guatemalteco del Interior, Carlos Menocal, ha dicho a la prensa que las detenciones se realizaron durante varios allanamientos efectuados por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Huehuetenango, a 280 kilómetros al norte de la capital.
En busca de los asesinos
En las últimas dos semanas las fuerzas de seguridad de Guatemala han capturado a una veintena de supuestos miembros de Los Zetas, en diversos operativos en varias ciudades del país, en el que este cartel mexicano ha conseguido emplazar sus operaciones de crimen organizado. Menocal ha reconocido que el departamento de Huehuetanango, fronterizo con México, es uno de los centros de operaciones del grupo criminal mexicano.
Asimismo, la policía guatemalteca ha informado del hallazgo de un cadáver descuartizado de un auxiliar de la Fiscalía de Cobán, también en el norte del país, con un mensaje firmado por Z 200. La víctima es Allan Vidaurre, de 36 años, secuestrado el lunes en la noche cuando salía de la sede de la Fiscalía. Menocal ha dicho que las sospechas apuntan a que se trató de una venganza, después del decomiso en marzo pasado de media tonelada de cocaína en el departamento de Alta Verapaz, fronterizo con México.
(Mientras en México las autoridades de Sinaloa salen con su batea de babas de prohibir los narcocorridos y vetar el uso de minifaldas, mientras Genaro García Luna recibe una medalla en Colombia y los diputados amenazan con prohbirle su uso, en Guatemala Álvaro Colom decide extirpar la metástasis exportada desde este país postrado por la violencia y los "daños colaterales". Nota de Efe retomada por El País y aquí reproducida .)
martes, 17 de mayo de 2011
ESTADO DE SITIO EN GUATEMALA
MÉXICO, D.F., 17 de mayo.- El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien decretó estado de sitio en el departamento (estado) de Petén, luego de la masacre de 27 jornaleros ocurrida el pasado domingo 15, aseguró que el cártel mexicano de Los Zetas y exkaibiles (soldados de elite del ejército guatemalteco) fueron los responsables del multihomicidio.
En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Radio, el mandatario guatemalteco calificó las ejecuciones como "crimen de lesa humanidad", y confió en que en las próximas 48 horas podrían detener a algunos de los responsables.
"Fue un salvajismo total. En todo el mundo hay estupor. Estamos alentando a la población y tengo esperanzas de que en las próximas 48 horas se hagan capturas importantes", puntualizó.
Colom añadió:
"Esta pobre gente eran jornaleros. No se encontraron evidencias de armas, sólo eran labriegos que acababan de llegar del oriente del país".
Asimismo, detalló que de las 27 personas asesinadas en la finca Los Cocos, localizada en el municipio La Libertad, 25 fueron decapitadas. Las tres personas que lograron sobrevivir, añadió, se encuentran apoyando a las autoridades como testigos para localizar a los responsables.
Entre esas tres personas, dijo, hay una mujer embarazada que "obviamente está en estado de shock y se le ha proporcionado toda la asistencia médica. No está en condiciones de declarar por el momento. Esperamos que cuando su situación emocional se normalice tengamos un poco más de detalles", apuntó.
La noche del lunes 16, luego de visitar el sitio donde se perpetró la masacre, el presidente de Guatemala tomó la decisión de decretar el estado de sitio en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice.
Con la medida gubernamental, que durará 30 días, a partir de este martes, se pretende agilizar los operativos que permitan la captura de los responsables de la matanza.
Según Colom, el estado de sitio se decretó porque la masacre ha puesto en peligro el orden constitucional y la seguridad del Estado.
(La localización de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, ejecutados por el crimen organizado en agosto de 2010, provocó el enroque de Cecilia Romero, "titular" del Instituto Nacional de Migración (INM) a la secretaría general del Partido Acción Nacional (PAN) pues es una yunquista íntima de FCH y en la dependencia encargada de velar por los intereses de los sudacas que cruzan el país, nadie perdió la compostura ni se despeinó. Tampoco Felipe. La respuesta de Álvaro Colom a la matanza despiadada del departamento de El Petén, contrasta con el México de "aquí no pasa nada." Nota tomada de Apro, agencia del semanario Proceso.)
En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Radio, el mandatario guatemalteco calificó las ejecuciones como "crimen de lesa humanidad", y confió en que en las próximas 48 horas podrían detener a algunos de los responsables.
"Fue un salvajismo total. En todo el mundo hay estupor. Estamos alentando a la población y tengo esperanzas de que en las próximas 48 horas se hagan capturas importantes", puntualizó.
Colom añadió:
"Esta pobre gente eran jornaleros. No se encontraron evidencias de armas, sólo eran labriegos que acababan de llegar del oriente del país".
Asimismo, detalló que de las 27 personas asesinadas en la finca Los Cocos, localizada en el municipio La Libertad, 25 fueron decapitadas. Las tres personas que lograron sobrevivir, añadió, se encuentran apoyando a las autoridades como testigos para localizar a los responsables.
Entre esas tres personas, dijo, hay una mujer embarazada que "obviamente está en estado de shock y se le ha proporcionado toda la asistencia médica. No está en condiciones de declarar por el momento. Esperamos que cuando su situación emocional se normalice tengamos un poco más de detalles", apuntó.
La noche del lunes 16, luego de visitar el sitio donde se perpetró la masacre, el presidente de Guatemala tomó la decisión de decretar el estado de sitio en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice.
Con la medida gubernamental, que durará 30 días, a partir de este martes, se pretende agilizar los operativos que permitan la captura de los responsables de la matanza.
Según Colom, el estado de sitio se decretó porque la masacre ha puesto en peligro el orden constitucional y la seguridad del Estado.
(La localización de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, ejecutados por el crimen organizado en agosto de 2010, provocó el enroque de Cecilia Romero, "titular" del Instituto Nacional de Migración (INM) a la secretaría general del Partido Acción Nacional (PAN) pues es una yunquista íntima de FCH y en la dependencia encargada de velar por los intereses de los sudacas que cruzan el país, nadie perdió la compostura ni se despeinó. Tampoco Felipe. La respuesta de Álvaro Colom a la matanza despiadada del departamento de El Petén, contrasta con el México de "aquí no pasa nada." Nota tomada de Apro, agencia del semanario Proceso.)
martes, 19 de abril de 2011
UN PASADO QUE ES PRESENTE
Algunos de los capítulos más oscuros del sistema dictatorial priista fueron los de sus guerras sucias: los de sus perseguidos, encarcelados, exiliados, ejecutados y desaparecidos...
¿Cuántos mexicanos disidentes del priismo fueron ejecutados durante los 70 años en los que permaneció en el poder el antiguo partido de Estado?
¿Cuántos asesinatos ordenaron —o permitieron— los presidentes de la República priistas?
¿Cuántos torturados exigieron los presidentes priistas a sus jefes policiales, a sus generales, a sus almirantes? ¿Y éstos a sus soldados, marinos y efectivos?
¿Cuántos desaparecidos fueron enterrados en fosas clandestinas o lanzados desde el aire a mares u océanos en siete décadas de poder absoluto? ¿Cuántos acabaron en cañadas profundas o ríos pestilentes?
¿Cuántos muertos y desaparecidos cargan los ex presidentes de la República priistas y sus ex funcionarios? ¿Y los ex gobernadores? ¿Y los ex alcaldes? ¿Cuántos? ¿Fueron 500? ¿Fueron mil? ¿Diez mil, como en la dictaduras centroamericanas y sudamericanas? No lo sabemos. Durante el gobierno de la alternancia de Vicente Fox se perdió la oportunidad de saberlo, de crear una comisión de la verdad eficaz como la que hubo en otras naciones que sufrieron las mismas atrocidades.
Hace unos días estuvo en México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Empiezan a surgir indicios e incluso evidencias de que ese fenómeno está ocurriendo de nuevo, pero no por razones políticas sino de guerra. La misión de la ONU recabó documentación de alrededor de 50 casos en una semana, 25 de éstos reunidos por la CNDH. Corresponden a 2010 y 2011, a la guerra contra el narco. Entre las víctimas hay efectivos del Estado, pero también ciudadanos. Organizaciones civiles han reunido expedientes de 250 casos más. En 55 de esos casos los responsables serían fuerzas gubernamentales. Según el grupo de la ONU, otras ONG dedicadas a los derechos humanos hablan de hasta 3 mil desapariciones desde que inició la guerra. Se tiene que investigar…
Desde 2006 más de cinco mil personas han sido reportadas como “extraviadas” o “ausentes”, según datos de la CNDH. Y cerca de nueve mil personas han muerto sin que hubiesen sido identificadas. ¿Cuántas del crimen organizado? ¿Cuántas de fuerzas del Estado?
Dan ganas de matar a los criminales que secuestran. Que torturan y ejecutan. Tirarlos en fosas como hacen los criminales. Pero el Estado no debe hacer eso. ¿Nos vamos a enterar en unos años que ante su desesperación por no conducir efectivamente esta guerra las fuerzas del Estado volvieron a las brutalidades del priismo bajo manos panistas? Cuidado….
(nota de Juan Pablo Becerra-Acosta, tomada del diario Milenio.)
¿Cuántos mexicanos disidentes del priismo fueron ejecutados durante los 70 años en los que permaneció en el poder el antiguo partido de Estado?
¿Cuántos asesinatos ordenaron —o permitieron— los presidentes de la República priistas?
¿Cuántos torturados exigieron los presidentes priistas a sus jefes policiales, a sus generales, a sus almirantes? ¿Y éstos a sus soldados, marinos y efectivos?
¿Cuántos desaparecidos fueron enterrados en fosas clandestinas o lanzados desde el aire a mares u océanos en siete décadas de poder absoluto? ¿Cuántos acabaron en cañadas profundas o ríos pestilentes?
¿Cuántos muertos y desaparecidos cargan los ex presidentes de la República priistas y sus ex funcionarios? ¿Y los ex gobernadores? ¿Y los ex alcaldes? ¿Cuántos? ¿Fueron 500? ¿Fueron mil? ¿Diez mil, como en la dictaduras centroamericanas y sudamericanas? No lo sabemos. Durante el gobierno de la alternancia de Vicente Fox se perdió la oportunidad de saberlo, de crear una comisión de la verdad eficaz como la que hubo en otras naciones que sufrieron las mismas atrocidades.
Hace unos días estuvo en México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Empiezan a surgir indicios e incluso evidencias de que ese fenómeno está ocurriendo de nuevo, pero no por razones políticas sino de guerra. La misión de la ONU recabó documentación de alrededor de 50 casos en una semana, 25 de éstos reunidos por la CNDH. Corresponden a 2010 y 2011, a la guerra contra el narco. Entre las víctimas hay efectivos del Estado, pero también ciudadanos. Organizaciones civiles han reunido expedientes de 250 casos más. En 55 de esos casos los responsables serían fuerzas gubernamentales. Según el grupo de la ONU, otras ONG dedicadas a los derechos humanos hablan de hasta 3 mil desapariciones desde que inició la guerra. Se tiene que investigar…
Desde 2006 más de cinco mil personas han sido reportadas como “extraviadas” o “ausentes”, según datos de la CNDH. Y cerca de nueve mil personas han muerto sin que hubiesen sido identificadas. ¿Cuántas del crimen organizado? ¿Cuántas de fuerzas del Estado?
Dan ganas de matar a los criminales que secuestran. Que torturan y ejecutan. Tirarlos en fosas como hacen los criminales. Pero el Estado no debe hacer eso. ¿Nos vamos a enterar en unos años que ante su desesperación por no conducir efectivamente esta guerra las fuerzas del Estado volvieron a las brutalidades del priismo bajo manos panistas? Cuidado….
(nota de Juan Pablo Becerra-Acosta, tomada del diario Milenio.)
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