Parece que secuestraron a dos compañeros, me avisaron de la redacción de El Siglo de Torreón, el principal periódico de la zona metropolitana de La Laguna, en el norte de México.
En unos minutos confirmamos que, en efecto, dos trabajadores del periódico habían sido raptados en una tienda cercana. Mientras recabábamos más información recibimos otro reporte de las autoridades. La identidad de una mujer plagiada un par de horas antes en otra parte de la ciudad correspondía a la de otra empleada del periódico.
Más llamadas, más preguntas, más peticiones de apoyo… y un nuevo reporte, y luego uno más. Otros dos compañeros del periódico habían sido también secuestrados.
Cinco secuestros, las mismas cinco interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Las típicas preguntas del diario oficio del reportero, pero ahora aplicadas no a la búsqueda de la noticia sino desentrañar los detalles de cinco vidas en riesgo y un escenario completamente inédito en el periodismo mexicano, que terminó por dejar al descubierto la desprotección de los medios y la incapacidad de las autoridades para hacer frente a los criminales.
Cinco trabajadores de un medio de comunicación ajenos a la tarea informativa (no eran reporteros, fotógrafos o editores) habían sido secuestrados como una novedosa forma de intimidación.
Era insólito el modus operandi de los criminales. Cinco secuestros en cuatro puntos distantes entre sí en un lapso calculado en seis horas, todo bajo las narices de soldados y policías que vigilan la ciudad de Torreón.
Pero el hecho no resultó tan extraño por el lugar donde ocurrió. La zona metropolitana de La Laguna, una conurbación de un millón de habitantes que incluye Torreón y otros tres municipios, es uno de los lugares más violentos de México, con presencia muy activa de los grupos criminales que disputan la llamada guerra del narcotráfico.
Los cinco compañeros fueron liberados unas horas después, claro el mensaje de intimidación contra la cobertura informativa de una ola de violencia sin precedentes en La Laguna desde la Revolución Mexicana hace 100 años.
El episodio dejó una lección aterradora: ya no sólo los periodistas, sino también cualquier trabajador de un medio de comunicación, son vulnerables a los embates del crimen organizado.
Todos los protocolos de seguridad que habíamos desarrollado para la redacción desde que El Siglo de Torreón comenzó a ser objeto de ataques, en 2009, no sirvieron porque se aplicaban sólo para reporteros. Tuvimos que recurrir a otras medidas que garantizaran la protección de todo el personal mientras manteníamos nuestra postura de seguir informando sobre los hechos violentos en la Comarca Lagunera.
Una de ellas fue aceptar la oferta de vigilancia que hizo la Policía Federal para apostar patrullas y agentes afuera de las instalaciones, como un intento por evitar el acoso o espionaje de quienes buscaran cometer otro secuestro.
Durante dos semanas la vigilancia minimizó el riesgo. Pero la Policía Federal también ha sido blanco de los criminales. Sus agentes han sido atacados más de treinta veces desde finales del año pasado. Esa racha llegó al periódico el 25 de febrero, cuando los policías asignados a la vigilancia de El Siglo fueron agredidos por un grupo armado desde un vehículo en movimiento.
La falta de respuesta a ese ataque invitó el segundo, al día siguiente, contra agentes apostados frente a la entrada principal del periódico, abierta en plena tarde para atender a clientes que buscaban colocar publicidad.
Dos personas resultaron heridas en la ráfaga de más de 30 tiros. De nuevo los policías no pudieron responder la agresión, de modo que al día siguiente otro grupo armado atacó de nueva cuenta a los policías. Esta vez provocaron la muerte de un trabajador de una empresa vecina que compraba comida en un puesto callejero.
Los ataques coincidieron con la víspera del aniversario 91 de El Siglo de Torreón, el 28 de febrero. Ese día publicamos un editorial de primera plana afirmando que la información que aportamos sobre lo que ocurre en La Laguna no se detendría. Pero el editorial parecía un “déja-vu”. Apenas tres semanas antes habíamos publicado otro a raíz del secuestro de nuestros cinco compañeros que rematábamos con el mismo compromiso de seguir informando. Algo anda muy mal cuando un diario tiene que publicar la misma cosa dos veces.
La racha de tres ataques dejó otra lección preocupante sobre los mecanismos de protección de periodistas que pretende aplicar el Estado mexicano: la seguridad que aportan sus fuerzas policiacas a los medios de comunicación puede resultar contraproducente al invitar más agresiones.
La realidad simple es aterradora: los medios de comunicación están completamente desprotegidos, al igual que el resto de la sociedad, por el imperio de la impunidad.
El secuestro de los cinco trabajadores y los ataques contra los policías dejaron claro que la temeridad de los grupos criminales no tiene límite ante la ausencia de castigo. Las agresiones que sufren los medios de comunicación en La Laguna desde hace cuatro años se multiplican por la falta de respuesta de las autoridades. Criminales atacan medios porque pueden y porque saben que no pasa nada.
La lección para los medios de comunicación es doble: Por un lado, de nada sirve enfocar los protocolos de seguridad a los reporteros y editores cuando cualquier trabajador está expuesto. Por el otro, dar vigilancia a un medio puede empeorar las cosas si no se llega al fondo del castigo para cada agresión.
Pero también hay lecciones para la comunidad entera, víctima diaria de la violencia. La Laguna queda expuesta como una región a merced de criminales que no se ven disuadidos para intentar ataques cada vez más espectaculares.
Homicidios, tiroteos, ataques a negocios, policías o autoridades se han vuelto fenómenos cotidianos desde hace un lustro, con la comunidad acostumbrada a ver conteos de muertos cada vez mayores. Más de mil tan solo en 2012.
Lo que no sabemos es si las autoridades han aprendido estas lecciones ante la escalada de la violencia criminal. Se pensó que el cambio en el Gobierno Federal, con una nueva estrategia, quizá mejoraría las cosas pero el actuar de los grupos criminales demuestra otra cosa.
Parte del problema radica en la naturaleza de esta zona conurbada. La Laguna es la única zona metropolitana del país, con excepción de la Ciudad de México, que abarca más de un estado y dista mucho de la profunda coordinación que tiene la capital.
Todos los días, miles de personas cruzan los límites de Coahuila y Durango sin reparar que han cambiado de estado. Viven en Torreón y trabajan en Gómez Palacio o viceversa. Todos los días, los periodistas que cubren asuntos locales transitan por la zona que respira como un solo cuerpo, con ritmos, hábitos, rutinas y estados de ánimo comunes que no distinguen las fronteras. El río Nazas, que divide ambos estados es más un factor de identidad histórica y cultural compartida que una línea divisoria.
Los mismos criminales no distinguen esa frontera. Cruzan el río cargados de armas o con cadáveres en la cajuela del automóvil. Pueden matar a una persona en Gómez Palacio y arrojar el cuerpo en Torreón. Pueden secuestrar a una persona en Torreón y llevarla a una casa de seguridad en Gómez Palacio.
Los únicos que ven un freno en la división geográfica son las autoridades. Cuatro municipios en dos estados significan cuatro policías municipales y dos policías estatales. Esta división pone a Torreón bajo un mando militar y a Gómez Palacio bajo otro.
Las capitales de Coahuila y Durango se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia y los gobernadores tienen visiones muy distintas de cómo enfrentar el problema, derivados de sus estilos personales de gobernar.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, a mil kilómetros de distancia, las autoridades sólo reciben los reportes de una nueva atrocidad en La Laguna con promesas de mayor coordinación que ya no son suficientes para disminuir la zozobra de miles de laguneros que cada día se preguntan cuándo acabará esta violencia.
Esas preguntas y esa violencia son el pan de cada edición diaria de El Siglo de Torreón. Una dieta informativa que ha traído temor, frustración, incertidumbre y largas noches de vigilia ante la amenaza permanente de estar en el fuego cruzado.
Javier Garza Ramos es periodista, subdirector editorial de El Siglo de Torreón.
(editorial tomada del sitio "el país".)
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