Nicaragua retiene juicio vs Televisa

La posposición del juicio contra la banda de 18 mexicanos conocidos como los “falsos periodistas de Televisa” es una muestra clara de que existe el interés de las autoridades “de ganar tiempo para negociar”, opinó el investigador independiente en temas de seguridad pública, Roberto Orozco, en el programa televisivo Esta Noche.
Por su parte, el también experto en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, advirtió que en el proceso judicial es evidente que “hay una serie de huecos en los cargos por los que se acusa”, particularmente en lo referido a tráfico de drogas.
Cajina insistió en que la policía no logra profundizar en los fundamentos para procesar por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado a las 18 personas que el 20 de agosto pasado fueron retenidos en el punto fronterizo de Las Manos, cuando viajaban en seis unidades móviles con logotipos del emporio mexicano Televisa.
“Por lo menos en tráfico internacional de drogas está muy flojo, no hay evidencia real, lavado de dinero, sí, porque evidentemente ingresaron con 9.2 millones de dólares, y crimen organizado, por la amplitud que tiene este delito en el Código Penal de Nicaragua, pues sí, pero me parece que en cualquiera de los tres casos hay falta de sustento de pruebas”, remarcó Cajina.

Las preguntas que nadie responde
Alrededor de las grandes incógnitas que han surgido de este caso sobre cuántas veces transitaron por las fronteras nacionales, la cantidad de dinero trasegado y los puntos recorridos -que debieron quedar registrados en los sistemas de localización GPS (por sus siglas en Inglés)- , y si contaban con alguna protección de las autoridades, los expertos en seguridad vaticinaron que estas preguntas quedarán en el misterio.
“Primero porque si hay una investigación a fondo y si la Policía quiere realmente ir a fondo, lo primero que van a descubrir es que el sistema falló, y al descubrir que el sistema falla, tienen que ampliar el caso a una serie de funcionarios que están en la frontera, en Managua, en Rivas y el caso se volvería de una dimensión tan grande que tendrían que reconocer que hay por lo menos cooptación al nivel primario”, dijo Orozco. Y agregó que se trata de una posición política de reserva, de parte de la policía, “porque así seguimos siendo el país más seguro de Centroamérica y tenemos bajo control al crimen organizado”.
A los expertos les resulta inexplicable que las autoridades no hayan presentado la información recogida en los GPS que traza la ruta de la banda mexicana. Los GPS guardan los registros y es un asunto de lectura que no requiere de mayor instrumento tecnológico para saber cuáles fueron los puntos recorridos por la “caravana de Televisa”, dijo Orozco. En consecuencia, la Policía Nacional sabe cuáles fueron los puntos por donde estuvieron los 18 mexicanos antes de entrar al país, “pero no ha querido decir porque hay un obstáculo que les impide a ellos decir cuál es la ruta. Algo dio la investigación, con algo muy importante, que es donde está parado el asunto” conjeturó Orozco.
En tanto, Roberto Cajina recordó que en Nicaragua se supo cuántas veces entró y salió la banda de “Los falsos Televisa”, por los reportes de Migración de Costa Rica, mientras “Migración de Nicaragua no ha abierto la boca, la Policía (permanece) hermética; Aduana y la Dirección de Información para la Defensa, que pertenece al Ejército de Nicaragua, tampoco ha dicho nada”, cuestionó el analista de seguridad.
Adicionalmente, los expertos formularon otras preguntas que tampoco se han respondido en esta investigación: ¿Nicaragua ha solicitado a México la profundización de estas investigaciones? ¿Dónde están las solicitudes y los exhortos que Nicaragua ha mandado? ¿Qué es lo que Nicaragua le ha pedido a Interpol para aclarar internacionalmente este caso?

Lo esperado en el juicio
Pese a los nubarrones del proceso judicial que conduce el juez Edgar Altamirano, quien postergó sorpresivamente el juicio para el próximo 10 de diciembre, Orozco se adelantó a opinar que el veredicto esperado es una sentencia condenatoria por lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas.
Consideraron que en la sentencia prevalecerán los intereses particulares, sobre todo el interés de quedarse con los 9.2 millones de dólares incautados. “El Estado de Nicaragua quiere administrar ese dinero y ya el presidente Ortega dijo que lo iban a poner a disposición para crear nuevas cárceles… también hay un interés de distribuir las seis camionetas dotadas con equipos de televisión y antenas satelitales, cuyo valor de mercado ronda los 500 mil dólares cada una”, resumió Orozco.
“Si la ley se cumpliera, (los 9.2 millones de dólares y las seis vans) deberían estar temporalmente en un estado de resguardo. Con sentencia definitiva, se procede a la distribución real”, un procedimiento que de acuerdo con la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, la tendría que hacer la Unidad Administradora de Bienes Incautados; “que como dicha unidad no se ha nombrado, el presidente Ortega dispone ilegalmente de esos 9.2 millones de dólares”.
“Esa distribución de bienes que hace Ortega es ilegal, porque hacer esa distribución solo le corresponde a esa Unidad que existe solo en el papel” insitió Cajina.
En relación con las unidades móviles, son vehículos que deberían ser subastados por la misma Unidad de bienes incautados y que el dinero pase a las instituciones, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, acotó Orozco.
En este caso, “bajo lo real y no lo formal, estamos claros que esas camionetas no van ni para la Policía, ni para la Fiscalía, ni para el Ejército”, coincidieron los investigadores, aunque tampoco se arriesgaron a afirmar cuál será el destino de los costosos vehículos.


(nota calcada del sitio Confidencial.)