Cuba y su big brother

¿Cuántos teléfonos crees que son escuchados por la policía política? me preguntó aquel hombre que una vez trabajó para los órganos de inteligencia y ahora es sólo un apartado más. Aventuré un número de tres cifras, un modesto centenar, que provocó carcajadas en su rostro cruzado de arrugas. “Hasta mediado de los noventa estaban intervenidas cerca de 21 mil líneas y en este momento debe ser el doble por el aumento de los móviles”. El dato me lo confirmó otro señor cuya labor fue una vez fisgonear conversaciones ajenas e instalar micrófonos en viviendas de disidentes, funcionarios estatales y hasta artistas incómodos. El día que le escuché decir tan abultada cantidad me lo pasé sintiendo el ojo del Gran Hermano sobre cada árbol, en cada esquina de mi casa, pensando en la oreja indiscreta apostada en ese artilugio de pantalla y teclado que tengo en mi bolsillo.
ETECSA, la única empresa de telefonía del país, utiliza su condición de monopolio estatal sobre las comunicaciones para brindar al Ministerio del Interior servicios de escucha. No son delirios de mi mente afiebrada. He hecho la prueba de desarmar mi móvil, sacarle incluso la batería y salir de la ciudad; el nerviosismo de las “sombras” que custodian mi casa no se ha hecho esperar. Cuando envío mensajes de texto a alguien diciéndole que en un rato estaré en tal o más cual dirección, al llegar me encuentro a los inquietos muchachos que me siguen a todas partes. A veces me da por divertirme –lo confieso– e invito a través de mi celular a varios amigos para participar en alguna presentación de un libro oficial o en un evento organizado por una institución. El operativo resultante parece casi cómico, si no fuera porque evidencia los excesivos recursos –que deberían contribuir al bienestar del pueblo– destinados por el gobierno a esos menesteres.
El vigilado –sin embargo– también se puede convertir en vigilante. Empleados de ETECSA filtraron hacia las redes alternativas una base de datos con muchos detalles sobre los números telefónicos del país. Sin dudas, una violación de la discreción que debe tener toda compañía con la información de sus clientes. No obstante, eso ha servido para encontrar los teléfonos de quienes nos vigilan y denigran. Desde periodistas del Granma, miembros del Comité Central hasta altos oficiales de la policía política aparecen registrados con número de carnet de identidad y hasta dirección particular. Unas breves siglas delatan cuando el teléfono está pagado por un organismo estatal o cuando es privado, lo cual deja al descubierto el vínculo oficial de muchos que se dicen independientes. Por una vez, el minucioso inventario que han hecho sobre cada ciudadano nos ha servido para saber de “ellos”, para conocer que quienes escuchan al otro lado de la línea tienen un nombre y no sólo un seudónimo. Cualquiera podría ahora llamarlos, enviarles un mensaje, algo así como un breve y directo sms diciendo “¡Basta ya!”


(nota tomada del blog de Yoani Sánchez, Generación Y.)