Desafortunadamente, como siempre, cada que ocurre una desgracia aparecen los factores causantes, o los coadyuvantes que la tornan aún más lamentable. El incendio del Casino Royale ha destapado una inmensa cloaca. Lo peor es que no es exclusiva de la Sultana del Norte.
Y para enfrentarla, como si no existieran otras medidas, como si cada tragedia como la mencionada fuera motivo para aplicar la misma receta, ya patrullan las calles de Monterrey miles de soldados y policías federales para asegurarse de que el mundo entero es testigo de la preocupación del Gobierno federal por la seguridad de los regiomontanos, aunque para ello hayan decidido movilizar a más de 300 polifederales de Juárez.
Así, se han lanzado tropas de federales y soldados contra los sicarios del casino, como si esos elementos fueran los necesarios para enfrentar una auténtica y gigantesca cloaca nacional, la de los casinos, que para acabarla no es necesario movilizar un solo elemento militar o policiaco, basta con investigar a los jueces, magistrados, alcaldes, secretarios y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, basta con derogar los permisos de los casinos e iniciar el camino de la investigación del lavado de dinero y extender órdenes de aprehensión contra los responsables de los ilícitos, y no, como en el caso de los acusados de Monterrey, órdenes de arraigo. Pero no solamente en ese aspecto destila pus este tema, el cruce de datos, de nombres y de fechas arroja cosas nada alentadoras para la sociedad en su conjunto y deja muy mal parados a algunos apellidos ilustres del panismo nacional, entre ellos destacadamente a uno de ellos que pretende convertirse nuevamente en candidato presidencial, y al dirigente nacional de su partido.
¿A quién se le ocurrió que en México, paso obligado de la cocaína, entrada perfecta de esta droga y de otras a Estados Unidos, podía manejarse adecuadamente el funcionamiento de los casinos?
Y es que nuestras autoridades, intencional o involuntariamente, dejan de lado, permanentemente, la investigación y la prevención del lavado de dinero. Era imposible deducir, al momento de aprobar la apertura de casinos, que se convertirían en uno de los mejores lugares para esta actividad –y si no lo creen, pregúntenle a Jonás Larrazábal, el hermano más que incómodo del alcalde de Monterrey– y fuente de infinidad de conflictos, de disputas de los cárteles de las drogas, así como una actividad preferente para los extorsionadores.
Además, y es un asunto que no puede pasarse de lado, los casinos están convertidos en una de las principales fuentes de adicciones –no solamente la del juego, de por sí extremadamente dañina– y que no ha concitado el reclamo de las “buenas conciencias”, exigiendo su inmediato cierre, ¡ah, es que es una de las distracciones de las, sobre todo, mujeres de capas medias altas y altas y, por tanto, ni modo de ofender de esa manera a sector social tan influyente
La corrupción es aplastante. Los gobiernos federales emanados del PAN están en la picota en este tema. Legalizaron el juego y en el curso de una década propiciaron el crecimiento desbocado de las casas de apuestas que pasaron de 122 a 550. En septiembre de 2004 Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel (nota de Proceso 1816, 28/VIII/11).
El contraste es apabullante. De 1973 a 2000 se concedieron 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. El secretario de Gobernación Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193. No es todo, en esa política de propiciar el establecimiento de casinos, los funcionarios federales panistas no están solos, en el curso de 7 años –de 2004 a la fecha– jueces y magistrados, todos del ámbito federal, han concedido 6 mil recursos de protección a casinos.
¡Ah, pero Calderón, rapidito, muy rapidito se fue a montar una guardia de honor frente al casino Así que no se trata, solamente, de revisar que los casinos cuenten con las adecuadas medidas de seguridad, o con todos los permisos necesarios, requisitos que deben cumplir, sino aplicar una política, en todos los órdenes de gobierno, que lleve al cierre de estos negocios, auténticas máquinas de lavado y fuente de otras muy nocivas prácticas sociales.
(En Zacatecas hay sólo un casino que, se afirma, es propiedad de Televisa, se presume que como entidad de las más atrasadas económicamente del país, su economía no da para mucho pues ahí asisten los privilegiados de la colonia Bernárdez; y uno que otro malandro del gobierno del Estado o gerente de cualquier banco. Editorial de Luis Javier Valero reproducido del Diario de Juárez.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario